Negocios en Cuba
Por:
Ernesto Mastrascusa
Martes 05 de
Octubre 2021
La autorización del Gobierno para que opere un puñado de empresas privadas favorece la flexibilidad, pero no contrapesa la senda autoritaria en la isla
La decisión del Gobierno de Cuba de autorizar la actividad de un cupo de empresas privadas puede tener consecuencias profundas que van más allá de las cifras macroeconómicas, en las cuales su impacto será menor. Tras más de medio siglo de la nacionalización de los negocios particulares dictada por Fidel Castro, el gesto de hoy insufla dinamismo en un sistema que vive un momento crítico, en buena medida a causa de su misma rigidez. Ese pequeño revulsivo puede ser determinante si se ensancha y persiste en el tiempo.
La medida consiste en permitir 35 mipymes (micro, pequeña y mediana empresa privada), 32 de ellas privadas y 3 estatales, la mayoría dedicadas a la producción de alimentos y a la manufactura. La norma establece que las nuevas empresas constituidas podrán tener hasta 100 trabajadores y derecho a acceso a créditos y financiación. La apertura, sin embargo, establece fuertes restricciones como que aquellas firmas que quieran importar o exportar deberán hacerlo a través de alguna de las compañías del Estado. Tampoco se pone fin a la prohibición de que algunas actividades profesionales (como abogados o ingenieros) puedan ejercerse de forma empresarial.
La reforma fue aprobada en el VI Congreso del Partido Comunista en 2011: llega con diez años de retraso. La dilación se atribuye al eterno temor de las autoridades del régimen a perder el control de la economía. Como en todo lo que ocurre con las decisiones del Gobierno, también en este caso hay disparidad de opiniones, pero el hecho de que los reconocimientos a las medidas adoptadas hayan sido más explícitos que en anteriores ocasiones debería llevar al Ejecutivo a favorecer con otra firmeza la apertura que le reclama el mundo democrático.
Tampoco es casual que la Administración de Díaz-Canel haya adoptado ahora esta medida. La isla vive sumida en una profunda crisis económica, que se ha visto acentuada por la pandemia y la paralización del turismo, quizá el único balón de oxígeno para Cuba desde hace más de un año y medio. Esta angustiosa situación no es ajena a las protestas del pasado verano, que derivaron en una ola represiva que el régimen ha mantenido viva con centenares de detenidos de los que poco se sabe. En Cuba prevalece la venenosa senda del autoritarismo sin que se vea compensada todavía por signos de apertura que acerquen al país a estándares democráticos.
La medida consiste en permitir 35 mipymes (micro, pequeña y mediana empresa privada), 32 de ellas privadas y 3 estatales, la mayoría dedicadas a la producción de alimentos y a la manufactura. La norma establece que las nuevas empresas constituidas podrán tener hasta 100 trabajadores y derecho a acceso a créditos y financiación. La apertura, sin embargo, establece fuertes restricciones como que aquellas firmas que quieran importar o exportar deberán hacerlo a través de alguna de las compañías del Estado. Tampoco se pone fin a la prohibición de que algunas actividades profesionales (como abogados o ingenieros) puedan ejercerse de forma empresarial.
La reforma fue aprobada en el VI Congreso del Partido Comunista en 2011: llega con diez años de retraso. La dilación se atribuye al eterno temor de las autoridades del régimen a perder el control de la economía. Como en todo lo que ocurre con las decisiones del Gobierno, también en este caso hay disparidad de opiniones, pero el hecho de que los reconocimientos a las medidas adoptadas hayan sido más explícitos que en anteriores ocasiones debería llevar al Ejecutivo a favorecer con otra firmeza la apertura que le reclama el mundo democrático.
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