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La Justicia rechazó uno de los amparos que presentó Luis Juez para impedir que un consejero K asuma en la Magistratura
Sábado 30 de
Abril 2022
El juez contencioso administrativo Pablo Cayssials. rechazó el pedido del senador de Juntos por el Cambio.
El reclamo presentado por el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez para impedir la asunción del consejero K Martín Doñate en la Magistratura fue rechazado este sábado por el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials.
A través de un extenso informe Cristina Kirchner pidió esta semana que se rechace el reclamo de Juez, defendiendo así la designación de Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura. Este sábado el juez Cayssials desestimó la acción de amparo del PRO.
La oposición reclamó que se declaren inválidas las designaciones de los candidatos del Frente de Todos que, al partir el bloque, se convirtió en la segunda minoría. La denuncia reclamaba que "se proceda al efectivo nombramiento de los senadores Luis Alfredo Juez, como consejero titular, y Humberto Luis Schiavoni, como consejero suplente, propuestos por la que entienden la segunda minoría parlamentaria".
Admitir el planteo de Luis Juez, entendió el juez en lo contencioso administrativo, "implicaría adentrarse respecto de la valoración de la 'temporaneidad' o de la subjetividad de la partición del Bloque 'Frente de Todos', todo lo cual conllevaría inexorablemente a la judicialización de las decisiones de otros poderes".
Bajo ese mismo argumento, dijo que hacer lugar al amparo "pondría en riesgo ─en palabras del Máximo Tribunal─ el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos. Por tal motivo, concluyó que los jueces no pueden opinar sobre el modo en que aquellos ejercitan sus facultades".
El juez Cayssials dijo en su resolución que el rechazo del amparo "se impone", por "exceder el marco de conocimiento del Poder Judicial de la Nación".
Al momento de fundamentar este criterio, indicó que el fiscal que intervino consideró que "no se configura (en el expediente) un supuesto en que pueda ceder la regla establecida por la Corte Suprema sobre el control judicial de las facultades privativas del Congreso", ya que lo que se puso en discusión no fue algo violatorio de las atribuciones concedidas por la Constitución Nacional, sino que el PRO "objeta la actuación de la Presidencia de la Cámara".
La Justicia entendió que la discusión sobre la designación del senador K Martín Doñate "es propia de la órbita de la autonomía funcional de la Cámara en cuestión y resguardada de la intervención judicial”.
La semana pasada comenzó a funcionar el Consejo de la Magistratura bajo la presidencia de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Realizó su primer plenario con 18 de los 20 miembros con los que debe contar, ya que la designación de los dos integrantes en representación del Congreso, terminó judicializada.
Por una lado el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, cuestionó la decisión de Sergio Massa de postular a Roxana Reyes (UCR). En simultáneo el PRO rechazó la designación de Doñate, algo que ya dirimió este sábado la justicia.
El Consejo de la Magistratura volverá a contar con veinte miembros bajo su antigua legislación. Cristina Kirchner reformó esa estructura cuando era presidenta y 16 años después, la Corte Suprema declaró inconstitucional esa normativa.
Le impuso al Congreso un plazo de 120 días para contar con una nueva ley y, como el Gobierno no logró avanzar con el proyecto, quedó vigente la antigua estructura: la presidencia a cargo del titular de la Corte Suprema y un cuerpo de consejeros de veinte personas.
El Consejo de la Magistratura, donde Cristina Kirchner busca ganar más lugares, es el responsable de administrar los recursos del Poder Judicial (una partida presupuestaria de 136.000 millones de pesos). También se ocupa de designar a los jueces nacionales y federales, y sancionarlos en caso de que incurran en mal desempeño.
A través de un extenso informe Cristina Kirchner pidió esta semana que se rechace el reclamo de Juez, defendiendo así la designación de Martín Doñate para integrar el Consejo de la Magistratura. Este sábado el juez Cayssials desestimó la acción de amparo del PRO.
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Admitir el planteo de Luis Juez, entendió el juez en lo contencioso administrativo, "implicaría adentrarse respecto de la valoración de la 'temporaneidad' o de la subjetividad de la partición del Bloque 'Frente de Todos', todo lo cual conllevaría inexorablemente a la judicialización de las decisiones de otros poderes".
Bajo ese mismo argumento, dijo que hacer lugar al amparo "pondría en riesgo ─en palabras del Máximo Tribunal─ el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos. Por tal motivo, concluyó que los jueces no pueden opinar sobre el modo en que aquellos ejercitan sus facultades".
El juez Cayssials dijo en su resolución que el rechazo del amparo "se impone", por "exceder el marco de conocimiento del Poder Judicial de la Nación".
Al momento de fundamentar este criterio, indicó que el fiscal que intervino consideró que "no se configura (en el expediente) un supuesto en que pueda ceder la regla establecida por la Corte Suprema sobre el control judicial de las facultades privativas del Congreso", ya que lo que se puso en discusión no fue algo violatorio de las atribuciones concedidas por la Constitución Nacional, sino que el PRO "objeta la actuación de la Presidencia de la Cámara".
La Justicia entendió que la discusión sobre la designación del senador K Martín Doñate "es propia de la órbita de la autonomía funcional de la Cámara en cuestión y resguardada de la intervención judicial”.
La semana pasada comenzó a funcionar el Consejo de la Magistratura bajo la presidencia de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Realizó su primer plenario con 18 de los 20 miembros con los que debe contar, ya que la designación de los dos integrantes en representación del Congreso, terminó judicializada.
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El Consejo de la Magistratura volverá a contar con veinte miembros bajo su antigua legislación. Cristina Kirchner reformó esa estructura cuando era presidenta y 16 años después, la Corte Suprema declaró inconstitucional esa normativa.
Le impuso al Congreso un plazo de 120 días para contar con una nueva ley y, como el Gobierno no logró avanzar con el proyecto, quedó vigente la antigua estructura: la presidencia a cargo del titular de la Corte Suprema y un cuerpo de consejeros de veinte personas.
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Con información de
CLARIN
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