Chile ratifica el primer acuerdo del mundo orientado a proteger a los defensores ambientales
Jueves 01 de
Junio 2023
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo del mundo orientado a proteger a los defensores ambientales, siendo América Latina la región más mortífera para estos activistas, según la ONG Global Witness.
El Senado de Chile ratificó este martes el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo orientado a proteger a los activistas ambientales.
Con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el pleno del Senado dio luz verde a este proyecto, al que el actual Gobierno, del progresista Gabriel Boric, solicitó en marzo debatir con urgencia.
Escazú, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, originalmente fue firmado por 24 países y entró en vigor el pasado abril.
Pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas medioambientales y la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
Chile se convierte así en el país número 13 en ratificar el acuerdo después de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Aires de cambio
"Nadie puede resolver la crisis climática o de biodiversidad solo, o lo resolvemos juntos o no dejamos a nuestros hijos un planeta que sea habitable. Con este tratado se fortalece la democracia ambiental, nos da herramientas para cristalizar el compromiso del presidente Gabriel Boric de que este sea el primer Gobierno ecologista del país", señaló la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas.
La voluntad de resolver la crisis climática es una que atraviesa fronteras, y son sobretodo los jóvenes los que están pasando a la acción. Según la coordinadora de la red de comunicación del cambio climático LatinClima, Katiana Murillo, apenas "el 4% de los jóvenes activistas climáticos en América Latina y el Caribe considera que sus gobiernos están tomando medidas adecuadas" frente a la crisis climática.
El foco sobre la agricultura
Otra perspectiva para abordar la crisis climática, es hacerlo desde la raíz. Este martes se sostuvo una reunión virtual entre una veintena de ministros y altos funcionarios de agricultura de las Américas.
Bajo el nombre “En camino hacia la Cumbre de las Américas 2022 y más allá”, encomendaron al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) la coordinación en la búsqueda de posiciones conjuntas de la región.
El objetivo: trabajar en conjunto para posicionar al sector en las discusiones globales sobre cambio climático y resaltar la importancia de la acción climática para la seguridad alimentaria, la conservación y la gestión del agua.
"Tenemos múltiples crisis globales superpuestas. Entonces es más importante que nunca la unidad de nuestra región para construir un futuro con inclusión social, resiliencia y preservación del ambiente", manifestó el secretario de Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Jean Marcel Fernandes.
Los altos funcionarios firmaron una declaración que expresa que las condiciones globales actuales aumentaron la toma de conciencia sobre la fragilidad de la seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito global y la necesidad de una mayor productividad agrícola sostenible.
La reunión se realizó en la antesala de la Cumbre de las Américas, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de la región la semana próxima en Los Ángeles, Estados Unidos.
Con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el pleno del Senado dio luz verde a este proyecto, al que el actual Gobierno, del progresista Gabriel Boric, solicitó en marzo debatir con urgencia.
Escazú, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, originalmente fue firmado por 24 países y entró en vigor el pasado abril.
Pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas medioambientales y la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
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Con información de
Euro News.
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