Lula da Silva, a un año del intento de golpe de estado: "Perdonar sería dejar impunes a los responsables"
Martes 09 de
Enero 2024
El presidente de Brasil encabezó un acto realizado en el Congreso Nacional en el que recordó el momento hace un año atrás en el que planearon un quiebre en la democracia del país.
Ni olvido ni perdón. Exactamente ese fue el contenido del discurso pronunciado hoy por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “No perdón para quien atenta contra la democracia, contra el país y contra su propio pueblo”, defendió el líder brasileño durante un acto realizado en el Congreso Nacional, en recuerdo de la tentativa del golpe de Estado del 8 de enero de 2023.
Luego aclaró: “Perdonar sería dejar impunes a los responsables. Y la impunidad sería equivalente a dar un salvo conducto para nuevos actos terroristas”.
El jefe de Estado recordó que ese golpe “podría haber resultado exitoso” y en ese caso, “la democracia en nuestro país sería destruida hundiendo a Brasil en el caos económico y social”.
En su discurso enfatizó que no hay democracia perfecta, desde que esta fue montada por los seres humanos, que tampoco lo son. “Por eso es preciso construirla todos los días, perfeccionarla”.
En ese mismo escenario, el juez Alexandre de Moraes advirtió que "la impunidad no representa ni paz ni unión”. El magistrado fue uno de los blancos a los que apuntó el arma homicida del bolsonarismo, un año atrás. Tal como quedó registrado en conversaciones vía chat de los golpistas, Moraes estaba destinado a morir “colgado en una plaza pública”.
El juez fue contundente, al señalar que todos aquellos que participaron del plan de quiebre de la democracia “serán debidamente investigados, procesados y responsabilizados en la medida de sus culpabilidades”. La ceremonia en la que pronunció sus palabras contó con la plana mayor del Congreso, del gobierno y del poder judicial.
El titular de la Corte Suprema Luis Barroso lanzó, durante el acto, una suerte de grito de guerra. “Odio, mentiras y golpismo nunca más”, enfatizó. Agregó que los acontecimientos de un año atrás “no fueron hechos aislados o un mero accidente. Hoy está claro que fue preparado en forma meticulosa”. Concluyó: “Ya no hay más espacio para cuarteladas o incumplimiento de las reglas del juego”.
Quienes investigan los entretelones de este “triste episodio”, el del 8 de enero, afirman que están comprobadas las participaciones de las cabezas políticas del bolsonarismo. Señalan que los apoyos a las acciones golpistas debían provenir, en lo esencial, de las Fuerzas Armadas, con una “intervención pacificadora”. Pero olvidaron, o tal vez no, que otras instituciones no podían ser avasalladas, entre ellas desde luego el Congreso.
Desde un primer momento, el presidente del Senado Rodrigo Pacheco (miembro de un partido de centro-derecha) juzgó que “descalificar y desacreditar el proceso electoral, como se intentó, no sólo daña las instituciones republicanas, sino que, aún más, agrede al pueblo brasileño”.
En sus conclusiones consta nada menos que una confirmación: los bolsonaristas que actuaron el 8 de enero “deseaban invalidar el resultado de las elecciones” ocurridas en octubre de 2022, “más allá de los daños materiales, las depredaciones y la violencia practicada”. Para el senador, “eso es inaceptable”.
Luego aclaró: “Perdonar sería dejar impunes a los responsables. Y la impunidad sería equivalente a dar un salvo conducto para nuevos actos terroristas”.
El jefe de Estado recordó que ese golpe “podría haber resultado exitoso” y en ese caso, “la democracia en nuestro país sería destruida hundiendo a Brasil en el caos económico y social”.
En su discurso enfatizó que no hay democracia perfecta, desde que esta fue montada por los seres humanos, que tampoco lo son. “Por eso es preciso construirla todos los días, perfeccionarla”.
En ese mismo escenario, el juez Alexandre de Moraes advirtió que "la impunidad no representa ni paz ni unión”. El magistrado fue uno de los blancos a los que apuntó el arma homicida del bolsonarismo, un año atrás. Tal como quedó registrado en conversaciones vía chat de los golpistas, Moraes estaba destinado a morir “colgado en una plaza pública”.
El juez fue contundente, al señalar que todos aquellos que participaron del plan de quiebre de la democracia “serán debidamente investigados, procesados y responsabilizados en la medida de sus culpabilidades”. La ceremonia en la que pronunció sus palabras contó con la plana mayor del Congreso, del gobierno y del poder judicial.
El titular de la Corte Suprema Luis Barroso lanzó, durante el acto, una suerte de grito de guerra. “Odio, mentiras y golpismo nunca más”, enfatizó. Agregó que los acontecimientos de un año atrás “no fueron hechos aislados o un mero accidente. Hoy está claro que fue preparado en forma meticulosa”. Concluyó: “Ya no hay más espacio para cuarteladas o incumplimiento de las reglas del juego”.
Quienes investigan los entretelones de este “triste episodio”, el del 8 de enero, afirman que están comprobadas las participaciones de las cabezas políticas del bolsonarismo. Señalan que los apoyos a las acciones golpistas debían provenir, en lo esencial, de las Fuerzas Armadas, con una “intervención pacificadora”. Pero olvidaron, o tal vez no, que otras instituciones no podían ser avasalladas, entre ellas desde luego el Congreso.
Desde un primer momento, el presidente del Senado Rodrigo Pacheco (miembro de un partido de centro-derecha) juzgó que “descalificar y desacreditar el proceso electoral, como se intentó, no sólo daña las instituciones republicanas, sino que, aún más, agrede al pueblo brasileño”.
En sus conclusiones consta nada menos que una confirmación: los bolsonaristas que actuaron el 8 de enero “deseaban invalidar el resultado de las elecciones” ocurridas en octubre de 2022, “más allá de los daños materiales, las depredaciones y la violencia practicada”. Para el senador, “eso es inaceptable”.
Con información de
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