Educación digital: del dilema al desafío
Martes 20 de
Febrero 2024
España reavivó el debate sobre la integración de teléfonos móviles en las aulas.
Las olas de cambio del mar digital no solo golpean nuestra vida personal y profesional, sino que invaden las más diversas esferas de la actividad social. También, por supuesto, alcanzan las costas de los sistemas educativos.
Recientemente, España reavivó el debate sobre la integración de teléfonos móviles en las aulas, cuestión que históricamente dividió a la comunidad académica: por un lado, quienes ven en estos artefactos una amenaza a la efectividad de los métodos de enseñanza y, por otro, quienes consideran su uso como un medio potente de aprendizaje y acceso al conocimiento.
De un sector y del otro de la grieta, hay acuerdo en un punto: los retos que se plantean hoy son evidentes, por lo que la opción de continuar como si nada ocurriera ha caducado. Una simple observación ratifica la frecuencia de conductas que podrían catalogarse como disruptivas y de situaciones de acoso entre pares en el ámbito escolar. La viralización de contenidos inadecuados y el aumento de la dispersión y la procrastinación del estudiantado son quejas recurrentes de padres y docentes. En suma, una lista de derivaciones indeseadas que parece abonar el terreno de la regulación restrictiva del uso de dispositivos, respondiendo a una fuerte demanda por parte de quienes tienen responsabilidad educativa y ya no saben cómo proceder.
Un estudio en el marco del proyecto denominado #parentalidad.digital, llevado a cabo por un equipo de investigadoras de la Universidad Austral, revela que la mediación parental en el uso de la tecnologías está anclada en el control, una estrategia de suyo controvertida para abordar un problema que reclama a gritos una intervención más estructurada, consciente y respetuosa. Porque no se trata de prohibir, sino de formar.
Y para esto, es preciso primero autoeducarnos: urge ampliar habilidades en un mundo en el que los espacios están intrínsecamente ligados, en el que las experiencias son híbridas y las plataformas pueden devenir aliadas. Siempre y cuando sepamos cómo manejarnos con ellas.
Aquí los derechos de niñas y niños deben servir de anclaje a la hora de reflexionar sobre nuestras actuaciones parentales, y de referencia para el diseño de iniciativas en materia de políticas y prácticas educativas.
La intencionalidad formativa, un ejercicio favorecedor del despliegue de capacidades, así como la generación de entornos de confianza en los que la participación se destaque y se depongan miradas adultocéntricas, deben convertirse en objetivos de un plan de acción perentorio. Apremia orientar las decisiones, no solo para modular usos, sino para adquirir competencias críticas, lo cual -está probado- resulta ser el factor protector más eficaz.
Las familias y las escuelas, como instituciones fundamentales en la formación de ciudadanía, deben asegurar que se mantengan las condiciones para una sana convivencia en el contexto de las sociedades digitalizadas. Esto no implica únicamente contar con los recursos materiales y las facultades necesarias, sino además situarse en un paradigma superador de respeto y promoción de los derechos de la infancia.
Porque, finalmente, la inclusión de tecnologías digitales en educación no es un dilema dicotómico -que se resuelve por sí o por no-, sino un desafío de proceso. Debemos esforzarnos por encontrar un equilibrio que nos permita a todos recibir esta ola de cambio, sin dejar a nadie atrás, y aprovechar su impulso para la construcción de un futuro que habilite el más pleno desarrollo humano.
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Mariángeles Castro Sánchez
Directora de la Licenciatura en Orientación Familiar de la Universidad Austral
Recientemente, España reavivó el debate sobre la integración de teléfonos móviles en las aulas, cuestión que históricamente dividió a la comunidad académica: por un lado, quienes ven en estos artefactos una amenaza a la efectividad de los métodos de enseñanza y, por otro, quienes consideran su uso como un medio potente de aprendizaje y acceso al conocimiento.
De un sector y del otro de la grieta, hay acuerdo en un punto: los retos que se plantean hoy son evidentes, por lo que la opción de continuar como si nada ocurriera ha caducado. Una simple observación ratifica la frecuencia de conductas que podrían catalogarse como disruptivas y de situaciones de acoso entre pares en el ámbito escolar. La viralización de contenidos inadecuados y el aumento de la dispersión y la procrastinación del estudiantado son quejas recurrentes de padres y docentes. En suma, una lista de derivaciones indeseadas que parece abonar el terreno de la regulación restrictiva del uso de dispositivos, respondiendo a una fuerte demanda por parte de quienes tienen responsabilidad educativa y ya no saben cómo proceder.
Un estudio en el marco del proyecto denominado #parentalidad.digital, llevado a cabo por un equipo de investigadoras de la Universidad Austral, revela que la mediación parental en el uso de la tecnologías está anclada en el control, una estrategia de suyo controvertida para abordar un problema que reclama a gritos una intervención más estructurada, consciente y respetuosa. Porque no se trata de prohibir, sino de formar.
Y para esto, es preciso primero autoeducarnos: urge ampliar habilidades en un mundo en el que los espacios están intrínsecamente ligados, en el que las experiencias son híbridas y las plataformas pueden devenir aliadas. Siempre y cuando sepamos cómo manejarnos con ellas.
Aquí los derechos de niñas y niños deben servir de anclaje a la hora de reflexionar sobre nuestras actuaciones parentales, y de referencia para el diseño de iniciativas en materia de políticas y prácticas educativas.
La intencionalidad formativa, un ejercicio favorecedor del despliegue de capacidades, así como la generación de entornos de confianza en los que la participación se destaque y se depongan miradas adultocéntricas, deben convertirse en objetivos de un plan de acción perentorio. Apremia orientar las decisiones, no solo para modular usos, sino para adquirir competencias críticas, lo cual -está probado- resulta ser el factor protector más eficaz.
Las familias y las escuelas, como instituciones fundamentales en la formación de ciudadanía, deben asegurar que se mantengan las condiciones para una sana convivencia en el contexto de las sociedades digitalizadas. Esto no implica únicamente contar con los recursos materiales y las facultades necesarias, sino además situarse en un paradigma superador de respeto y promoción de los derechos de la infancia.
Porque, finalmente, la inclusión de tecnologías digitales en educación no es un dilema dicotómico -que se resuelve por sí o por no-, sino un desafío de proceso. Debemos esforzarnos por encontrar un equilibrio que nos permita a todos recibir esta ola de cambio, sin dejar a nadie atrás, y aprovechar su impulso para la construcción de un futuro que habilite el más pleno desarrollo humano.
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Mariángeles Castro Sánchez
Directora de la Licenciatura en Orientación Familiar de la Universidad Austral
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