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El Gobierno reveló el estado del INADI: 7.000 expedientes atrasados y millones gastados en sueldos y alquileres

Por: Eduardo Menegazzi
Jueves 22 de Febrero 2024

Además, informó que las funciones del organismo serán absorbidas por el Ministerio de Justicia
El anuncio del cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por parte del gobierno de Javier Milei sorprendió. En la Casa Rosada, después de las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, se comunicó que ya se produjo una reducción de gastos y de sueldos, que se le pidió la renuncia a los responsables de cada una de las delegaciones y que sus funciones las absorberá el Ministerio de Justicia.
 
Como ya ocurrió con la promocionada suspensión de los fondos fiduciarios que desde el Ejecutivo consideran como “cajas negras” de la política y que carecen de control estatal, todavía se desconoce cómo se avanzará para concretarlo.
 
“Contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente. Por ejemplo tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución”, se detalla en un comunicado oficial que difundió el Ministerio de Justicia de la Nación. También agrega que sólo en los últimos dos meses “se resolvieron 2.000 de ellos”.
 
Allí también se consigna que el personal que trabajaba en la entidad será trasladado al Ministerio que está a cargo de Mariano Cúneo Libarona. “Su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”, precisa.
 
El INADI posee actualmente 43 delegaciones en todo el país. Según el Gobierno, ya se redujo la planta de empleados, que pasó de 430 a 355 personas, hubo reducción de sueldos y de la cantidad de oficinas que se alquilaban y se pidió la renuncia de todos los delegados.
 
La eliminación se debe “a la decisión de suprimir (dependencias) de diferentes organismos con estructuras superpobladas que no cumplían con las funciones dispuestas por las convenciones, la ley y los propósitos para los que fueron creados”.
 
El INADI se creó por la ley 24.515 en el año 1995 y empezó a funcionar dos años más tarde. Su eliminación estaba contemplada en la Ley Bases y Puntos de Partida para todos los argentinos, también conocida como Ómnibus cuya aprobación fracasó recientemente en el Congreso Nacional, cuando se la debatió en particular en la Cámara de Diputados. Incluso se había modificado la redacción del artículo 320 del dictamen para que la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación pudiera derogarse.
 
Según cifras extraoficiales, el presupuesto del INADI fue de un poco más de 1.150 millones de pesos en el 2023 y Milei, junto a su grupo de asesores, lo habían incluido en la serie de organismos a eliminar en caso de llegar al poder. También aseguran que había problemas en el control de personal y en la cantidad de edificios que se alquilaban.
 
La decisión gubernamental produjo la inmediata reacción de diputados y ex funcionarios ahora enrolados en la oposición. E incluso un comunicado de la DAIA, que expresó en la red social X (ex Twitter): “La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”.
 
En el Gobierno dicen que podrían cerrarse otros institutos, algunos que también habían sido incluidos en la Ley Bases y que debió ser retirada del debate en el Congreso, en el tratamiento en particular en la Cámara de Diputados.
 
Uno de ellos es el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El juzgado Civil y Comercial N° 8 de Misiones ante una presentación de pequeños productores yerbateros suspendió toda acción que se dispusiera sobre esa entidad. Incluso, en sus gestiones para frenar la iniciativa, los productores fueron a visitar a la vicepresidente Victoria Villarruel en el Senado.
 
También podrían ir sobre el Instituto Nacional de la Música, creado en 2012 mediante la Ley 26.801. Se financia con el 2% de lo que recauda la Ley de Servicios Audiovisuales que se sancionó en 2009 y el Instituto Nacional del Teatro.

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