A la espera de un plan antiinflacionario
Por:
Miguel Kiguel
Viernes 01 de
Marzo 2024
El programa económico se basa en tres componentes que se vienen implementando en forma secuencial.
El primero es restaurar la estabilidad macroeconómica, es decir, eliminar el déficit fiscal, aumentar las reservas internacionales, eliminar las restricciones cambiarias (el cepo) y restablecer el equilibrio de los precios relativos claves mediante la devaluación y la liberalización de precios.
El segundo son las reformas estructurales que entre otras medidas incluye desregular los mercados (donde el mercado laboral es particularmente importante), abrir la economía para aumentar la productividad, y fomentar la competencia. Estas son medidas buscan restablecer el crecimiento de largo plazo y salir del estancamiento.
El tercer componente es un programa específico para atacar la alta inflación, que, aunque se espera que caiga a tasas de entre 8% y 10% mensual en el futuro cercano, es una cifra que sigue siendo muy alta y que nos retrotrae a mediados del año pasado. Para reducirla a niveles más razonables, el Gobierno necesitará diseñar un programa que sea específicamente antiinflacionario, que probablemente se llevará a cabo una vez que los otros dos componentes estén más avanzados.
El avance ha sido desparejo, en parte por la complejidad técnica del diseño, en parte por los desafíos de implementación, en parte por aspectos burocráticos debido a que el Gobierno no ha llenado todos los cargos, y en parte por temas políticos ya que no consigue las mayorías necesarias en el Congreso.
Una pregunta de fondo es si las políticas de la licuadora, y de la motosierra que son efectivas para bajar el déficit fiscal en el corto plazo son sostenibles a mediano plazo. La respuesta no es obvia, porque seguramente parte de los recortes de gasto se van a revertir. Sin embargo, el esfuerzo inicial ha sido importante; en esta etapa se baja el déficit como se puede para para equilibrar las cuentas y que con el tiempo se podrán diseñar medidas que sean más sostenibles y equitativas. Lo importante ahora es dar una señal clara del rumbo que busca el Gobierno y convencer a los mercados financieros que esta vez el ajuste viene en serio y que más adelante se harán los retoques necesarios para mantenerlo.
El aumento de las reservas internacionales ha sido el segundo pilar del programa macroeconómico. El Banco Central ha comprado unos u$s 8000 millones, lo que supone un alivio después de meses en los que fue vendedor neto en el mercado cambiario. En el proceso también redujo el stock de deuda que los importadores tenían con proveedores del exterior, lo que aparecía como uno de los principales obstáculos para unificar el mercado cambiario y eliminar el cepo.
También hubo un progreso importante en la liberalización de precios y en la corrección de precios relativos, un tema que sin duda va a ayudar a la inversión y a la normalización de los mercados, aunque la rapidez con la que se viene haciendo representa un riesgo para la situación social, porque los salarios, las pensiones y los ingresos de los trabajadores informales no acompañan estas subas.
Los mercados han reaccionado positivamente ante los avances en la estabilización, como se refleja en el repunte de los activos argentinos. Además, si el Gobierno se encamina a eliminar el déficit fiscal y a un aumento de las reservas internacionales, es lógico esperar que pueda seguir pagando la deuda normalmente y así evitar un default u otra reestructuración de la deuda que es innecesaria dado que Argentina no tiene problemas de solvencia. La deuda neta se mantiene por debajo del 50% del PBI, y que está emitida a tasas de interés muy bajas y con un calendario de amortizaciones bien distribuida en el tiempo. Hoy acumular dólares es tan importante como el déficit cero para que el riesgo país siga bajando.
A pesar de los logros en estos dos frentes, el progreso ha sido menor en lo que respecta a las reformas estructurales. La mayoría se incluyeron en el DNU y en la Ley ómnibus. Pero estas iniciativas se quedaron a mitad del camino porque, aunque el DNU sigue vigente, algunas partes han sido frenadas mediante acciones legales, mientras que la Ley ómnibus ha sido retirada del Congreso.
En los pendientes queda la eliminación del cepo, que es fundamental para lograr inversiones y normalizar el mercado financiero y una reducción significativa de la tasa de inflación. Respecto al cepo, el aumento de las reservas y el achicamiento de la brecha crean las condiciones para relajarlo significativamente o eliminarlo. Sin embargo, el Gobierno lo mantiene a full, tal vez esperando que lleguen los dólares de la cosecha.
El segundo son las reformas estructurales que entre otras medidas incluye desregular los mercados (donde el mercado laboral es particularmente importante), abrir la economía para aumentar la productividad, y fomentar la competencia. Estas son medidas buscan restablecer el crecimiento de largo plazo y salir del estancamiento.
El tercer componente es un programa específico para atacar la alta inflación, que, aunque se espera que caiga a tasas de entre 8% y 10% mensual en el futuro cercano, es una cifra que sigue siendo muy alta y que nos retrotrae a mediados del año pasado. Para reducirla a niveles más razonables, el Gobierno necesitará diseñar un programa que sea específicamente antiinflacionario, que probablemente se llevará a cabo una vez que los otros dos componentes estén más avanzados.
El avance ha sido desparejo, en parte por la complejidad técnica del diseño, en parte por los desafíos de implementación, en parte por aspectos burocráticos debido a que el Gobierno no ha llenado todos los cargos, y en parte por temas políticos ya que no consigue las mayorías necesarias en el Congreso.
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