La Justicia argentina pidió la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello: de qué los acusa
Martes 24 de
Septiembre 2024
La decisión fue tomada por los jueces de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia y apunta también a una treintena de altos funcionarios chavistas.
La Cámara Federal porteña ordenó la detención y captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de uno de los principales dirigentes del chavismo Diosdado Cabello, al encontrarlos responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de su país.
El fallo también afecta a más de 30 altos funcionarios y militares chavistas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia que responden al dictador caribeño.
Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron los jueces de la Sala I que decidieron por unanimidad el fallo.
Los magistrados accionaron sobre una denuncia radicada sobre la base del principio de jurisdicción universal, el cual permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde sean cometidos, la nacionalidad del autor y de la víctima.
Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas.
La denuncia fue presentada en enero de 2023 ante la Justicia Federal Argentina por parte del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite procesar graves delitos contra Derechos Humanos independientemente de dónde se hayan cometido o de la nacionalidad del sospechoso o de la víctima.
FADD consideró que la orden es una "histórica decisión": "Maduro se convierte en un prófugo internacional, y el mundo es cada vez más pequeño para quienes han cometido atrocidades. Desde FADD celebramos este paso crucial hacia la justicia y el fin de la impunidad", indicó a través de su perfil en la red social X.
"Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder", reveló el abogado Tomás Farini Duggan en declaraciones a Clarín.
Farini Duggan es uno de los impulsores junto al actual ministro de Seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en este país contra Maduro y los dirigentes chavistas. Ahora, aguardan presentarla junto a otra que se hizo desde la Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.
La relación entre Venezuela y Argentina ya venía en deterioro desde la llegada al poder del presidente Javier Milei.
Pero tras la cuestionada reelección del mandatario izquierdista en los comicios del 28 de julio, que el gobierno de La Libertad Avanza no reconoció en línea con las denuncias de fraude de la oposición, ambos países retiraron a su personal diplomático.
Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había solicitado formalmente el arresto de Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusados de un delito de "robo" por el caso del avión venezolano-iraní que quedó retenido en Buenos Aires en 2022 y fue enviado a Estados Unidos este año.
La proclamación de Nicolás Maduro para un tercer período consecutivo, tras unas elecciones cuestionadas internacionalmente, desató protestas que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos, según cifras oficiales.
Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin presentar el escrutinio detallado. Ese resultado fue luego validado por el Tribunal Supremo de Justicia. Ambas instituciones están acusadas de servir al gobierno.
La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, denunció que hubo fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de las actas, que asegura prueban el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Parte de la comunidad internacional, encabezada por la Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos, desconoce la victoria de Maduro y el 12 de septiembre, medio centenar de países pidieron en la ONU que las autoridades electorales venezolanas hagan públicas las actas de votación.
Los Parlamentos europeo y español reconocieron en los últimos días a González Urrutia como "presidente legítimo".
El fallo también afecta a más de 30 altos funcionarios y militares chavistas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia que responden al dictador caribeño.
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Los magistrados accionaron sobre una denuncia radicada sobre la base del principio de jurisdicción universal, el cual permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde sean cometidos, la nacionalidad del autor y de la víctima.
Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas.
La denuncia fue presentada en enero de 2023 ante la Justicia Federal Argentina por parte del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite procesar graves delitos contra Derechos Humanos independientemente de dónde se hayan cometido o de la nacionalidad del sospechoso o de la víctima.
FADD consideró que la orden es una "histórica decisión": "Maduro se convierte en un prófugo internacional, y el mundo es cada vez más pequeño para quienes han cometido atrocidades. Desde FADD celebramos este paso crucial hacia la justicia y el fin de la impunidad", indicó a través de su perfil en la red social X.
"Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder", reveló el abogado Tomás Farini Duggan en declaraciones a Clarín.
Farini Duggan es uno de los impulsores junto al actual ministro de Seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en este país contra Maduro y los dirigentes chavistas. Ahora, aguardan presentarla junto a otra que se hizo desde la Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.
La relación entre Venezuela y Argentina ya venía en deterioro desde la llegada al poder del presidente Javier Milei.
Pero tras la cuestionada reelección del mandatario izquierdista en los comicios del 28 de julio, que el gobierno de La Libertad Avanza no reconoció en línea con las denuncias de fraude de la oposición, ambos países retiraron a su personal diplomático.
Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había solicitado formalmente el arresto de Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusados de un delito de "robo" por el caso del avión venezolano-iraní que quedó retenido en Buenos Aires en 2022 y fue enviado a Estados Unidos este año.
La proclamación de Nicolás Maduro para un tercer período consecutivo, tras unas elecciones cuestionadas internacionalmente, desató protestas que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos, según cifras oficiales.
Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin presentar el escrutinio detallado. Ese resultado fue luego validado por el Tribunal Supremo de Justicia. Ambas instituciones están acusadas de servir al gobierno.
La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, denunció que hubo fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de las actas, que asegura prueban el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Parte de la comunidad internacional, encabezada por la Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos, desconoce la victoria de Maduro y el 12 de septiembre, medio centenar de países pidieron en la ONU que las autoridades electorales venezolanas hagan públicas las actas de votación.
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Con información de
Perfil
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