La Unión Europea posterga exigencias para exportadores: a quiénes beneficia y los dólares en juego
Viernes 04 de
Octubre 2024
La medida representa un alivio sobre dos actividades que en conjunto ingresaron u$s 4000 millones entre 2021 y 2023 pero representa un atraso en materia ambiental.
Frente a múltiples presiones, la Comisión Europea decidió este miércoles postergar por un año la entrada en vigencia de una novedosa ley de protección ambiental que se extendería hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.
La medida fue destacada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía que informó sobre el ingreso de la propuesta para postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 para las cadenas libres de deforestación.
La iniciativa, pionera en relación al cuidado ambiental, recibió cuestionamientos de distintos nichos productivos a nivel global; en el caso local, fue motivo de reuniones y presentaciones por parte de los sectores que exportan carne y soja, particularmente.
En ese sentido, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las ventas de carne a Europa entre 2021 y 2023 ascendieron, en promedio, a u$s 462 millones, lo que representa un 14% del total despachado por el sector.
En tanto, la exportación del complejo sojero en el mismo período representó u$s 3.556 millones.
A través de un comunicado, la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) respaldó los objetivos de la lucha contra la deforestación mundial, pero destacó que el Reglamento de la UE sobre la Deforestación "tendría un impacto negativo en los envíos que realizan los países andinos en productos claves como café, cacao y palma aceitera, lo cual afectaría a pequeños productores agropecuarios".
Frente al riesgo de perder estos mercados por las nuevas exigencias, desde el inicio de la propuesta de reglamento, la Argentina expresó sus preocupaciones y cuestionamientos respecto a varios aspectos de la medida que se consideró "unilateral".
En consecuencia, se presentaron reclamos ante la Unión Europea, tanto en forma individual como en gestiones conjuntas, con un grupo numeroso de terceros países, de manera bilateral y ante los foros multilaterales correspondientes.
Después de dos años de tratativas, la Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró la definición. El presidente de la entidad, Nicolás Pino, subrayó que el objetivo ahora es continuar con la revisión integral de la normativa o, preferiblemente, su suspensión definitiva.
"Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión con participación efectiva, y no en las oposiciones públicas extremistas que solo generan confusión entre los productores", dijo Pino.
Dentro de las instancias de debate recientes, desde la cartera de Agricultura, resaltaron los planteos realizados en la reunión bilateral del Comité Conjunto Argentina - UE en el mes de junio; la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio en julio; la Declaración Ministerial del Consejo Agropecuario del Sur (CAS, conformado junto a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) publicada en la reunión del 27 de julio de 2024 en Buenos Aires y la nota remitida al Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea.
En esa dirección, durante la última reunión del CAS celebrada en el marco de la Reunión de Ministros de Agricultura del G20, este Consejo decidió reclamar ante la Comisión Europea la respuesta a las notas enviadas.
Además, informaron que Argentina trabaja coordinadamente en Bruselas con un grupo de países afines, junto a los que se firmaron 2 notas (julio 2022 y septiembre 2023) y se acordó la presentación de una nueva solicitud en estos días.
"Nuestro país cuestiona la compatibilidad del reglamento con la normativa de la OMC, que exige que este tipo de medidas no se constituyan en una barrera encubierta con efectos distorsivos sobre el comercio internacional", precisó el gobierno en un comunicado y agregó que "se manifestó asimismo la preocupación por la falta de precisiones sobre la implementación del reglamento, que generaban incertidumbre entre los operadores comerciales, a solo tres meses de su posible entrada en vigor".
Ahora, lo funcionarios y empresarios locales, esperan que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo den el visto bueno a la propuesta de la Comisión.
"El Gobierno Nacional continuará trabajando junto con los productores y exportadores de las distintas cadenas de valor para abogar por normativas y estándares acordes a la legislación internacional, que contemplen las distintas realidades locales y favorecer su inserción en los mercados mundiales ante el incremento de requerimientos basado en nuevos atributos", agregó el texto oficial.
En esta línea, precisó que se implementará un marco voluntario para facilitar el acceso a la información pública por parte de distintas herramientas de diferenciación que permitan dar cumplimiento a dichos requisitos.
La medida fue destacada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía que informó sobre el ingreso de la propuesta para postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 para las cadenas libres de deforestación.
La iniciativa, pionera en relación al cuidado ambiental, recibió cuestionamientos de distintos nichos productivos a nivel global; en el caso local, fue motivo de reuniones y presentaciones por parte de los sectores que exportan carne y soja, particularmente.
En ese sentido, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las ventas de carne a Europa entre 2021 y 2023 ascendieron, en promedio, a u$s 462 millones, lo que representa un 14% del total despachado por el sector.
En tanto, la exportación del complejo sojero en el mismo período representó u$s 3.556 millones.
A través de un comunicado, la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) respaldó los objetivos de la lucha contra la deforestación mundial, pero destacó que el Reglamento de la UE sobre la Deforestación "tendría un impacto negativo en los envíos que realizan los países andinos en productos claves como café, cacao y palma aceitera, lo cual afectaría a pequeños productores agropecuarios".
Largo debate
Frente al riesgo de perder estos mercados por las nuevas exigencias, desde el inicio de la propuesta de reglamento, la Argentina expresó sus preocupaciones y cuestionamientos respecto a varios aspectos de la medida que se consideró "unilateral".
En consecuencia, se presentaron reclamos ante la Unión Europea, tanto en forma individual como en gestiones conjuntas, con un grupo numeroso de terceros países, de manera bilateral y ante los foros multilaterales correspondientes.
Después de dos años de tratativas, la Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró la definición. El presidente de la entidad, Nicolás Pino, subrayó que el objetivo ahora es continuar con la revisión integral de la normativa o, preferiblemente, su suspensión definitiva.
"Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión con participación efectiva, y no en las oposiciones públicas extremistas que solo generan confusión entre los productores", dijo Pino.
Dentro de las instancias de debate recientes, desde la cartera de Agricultura, resaltaron los planteos realizados en la reunión bilateral del Comité Conjunto Argentina - UE en el mes de junio; la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio en julio; la Declaración Ministerial del Consejo Agropecuario del Sur (CAS, conformado junto a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) publicada en la reunión del 27 de julio de 2024 en Buenos Aires y la nota remitida al Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea.
En esa dirección, durante la última reunión del CAS celebrada en el marco de la Reunión de Ministros de Agricultura del G20, este Consejo decidió reclamar ante la Comisión Europea la respuesta a las notas enviadas.
Además, informaron que Argentina trabaja coordinadamente en Bruselas con un grupo de países afines, junto a los que se firmaron 2 notas (julio 2022 y septiembre 2023) y se acordó la presentación de una nueva solicitud en estos días.
"Nuestro país cuestiona la compatibilidad del reglamento con la normativa de la OMC, que exige que este tipo de medidas no se constituyan en una barrera encubierta con efectos distorsivos sobre el comercio internacional", precisó el gobierno en un comunicado y agregó que "se manifestó asimismo la preocupación por la falta de precisiones sobre la implementación del reglamento, que generaban incertidumbre entre los operadores comerciales, a solo tres meses de su posible entrada en vigor".
Ahora, lo funcionarios y empresarios locales, esperan que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo den el visto bueno a la propuesta de la Comisión.
"El Gobierno Nacional continuará trabajando junto con los productores y exportadores de las distintas cadenas de valor para abogar por normativas y estándares acordes a la legislación internacional, que contemplen las distintas realidades locales y favorecer su inserción en los mercados mundiales ante el incremento de requerimientos basado en nuevos atributos", agregó el texto oficial.
En esta línea, precisó que se implementará un marco voluntario para facilitar el acceso a la información pública por parte de distintas herramientas de diferenciación que permitan dar cumplimiento a dichos requisitos.
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