El presidente de Colombia Gustavo Petro denunció un Golpe de Estado por el financiamiento de la campaña de 2022
Martes 08 de
Octubre 2024
Los cargos fueron formulados por el Consejo Nacional Electoral y apuntan a Petro, al gerente de campaña, a la tesorera, a los auditores y al movimiento político Colombia Humana.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que comenzó un "golpe de Estado", al conocerse que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió abrir una investigación y formular cargos a la campaña del mandatario en 2022 por presuntas irregularidades en su financiación.
El presidente del CNE, César Lorduy, anunció la resolución al considerar que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas.
Respeto al fuero presidencial
El CNE negó los argumentos de Petro y de sus abogados que aseguraron antes del fallo que ese organismo pretende violar su fuero presidencial. "En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor Presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial", aseguró el CNE en un comunicado a finales de septiembre.
El caso de Petro sería llevado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez constitucional del presidente en donde históricamente los procesos contra los mandatarios no avanzan. Roa sería investigado por la Fiscalía General.
Las indagaciones preliminares establecieron que hubo aportes que sobrepasaron en 5.355 millones de pesos (1,27 millones de dólares) los límites de financiación establecidos por la ley, además de pagos y aportes de dos sindicatos que no fueron registrados en la contabilidad de la campaña, así como los vuelos privados de una empresa de aviación.
Petro negó desde hace meses las acusaciones sobre la presunta financiación ilegal de su campaña política y sostuvo que hacen parte de un complot para derrocarlo e impedirle sacar adelante las reformas sociales y económicas que prometió como candidato.
Según la CNE, alrededor de 3.700 millones de pesos (884.240 dólares) se gastaron violando los límites de financiación en la primera vuelta de la campaña omitiendo pagos y mencionó aportes no registrados de los sindicatos de los trabajadores petroleros y de los profesores.
"Otros 1.646 millones de pesos (unos 382.466 dólares) de exceso de gastos, incluyendo omisiones de pagos, se produjeron durante la segunda vuelta", precisó el CNE.
El presidente del CNE, César Lorduy, anunció la resolución al considerar que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas.
Respeto al fuero presidencial
El CNE negó los argumentos de Petro y de sus abogados que aseguraron antes del fallo que ese organismo pretende violar su fuero presidencial. "En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor Presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial", aseguró el CNE en un comunicado a finales de septiembre.
El caso de Petro sería llevado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez constitucional del presidente en donde históricamente los procesos contra los mandatarios no avanzan. Roa sería investigado por la Fiscalía General.
Las indagaciones preliminares establecieron que hubo aportes que sobrepasaron en 5.355 millones de pesos (1,27 millones de dólares) los límites de financiación establecidos por la ley, además de pagos y aportes de dos sindicatos que no fueron registrados en la contabilidad de la campaña, así como los vuelos privados de una empresa de aviación.
Petro negó desde hace meses las acusaciones sobre la presunta financiación ilegal de su campaña política y sostuvo que hacen parte de un complot para derrocarlo e impedirle sacar adelante las reformas sociales y económicas que prometió como candidato.
Según la CNE, alrededor de 3.700 millones de pesos (884.240 dólares) se gastaron violando los límites de financiación en la primera vuelta de la campaña omitiendo pagos y mencionó aportes no registrados de los sindicatos de los trabajadores petroleros y de los profesores.
"Otros 1.646 millones de pesos (unos 382.466 dólares) de exceso de gastos, incluyendo omisiones de pagos, se produjeron durante la segunda vuelta", precisó el CNE.
Con información de
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