Estados Unidos pidió que no se pague una condena contra YPF con acciones de la empresa
Jueves 07 de
Noviembre 2024
El Departamento de Justicia se presentó en una causa que tramita Loretta Preska por la expropiación de la empresa petrolera. El fondo buitre Bainbridge y otros beneficiarios de fallos buscaban ejecutar una sentencia por esa vía.
En un plazo límite, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó este miércoles en el juzgado de Loretta Preska, que lleva la causa por la expropiación de YPF en su tribunal de Nueva York y, mediante una declaración de interés, pidió que no se paguen sentencias con acciones de la petrolera, un reclamo que había planteado un fondo buitre en marzo pasado.
La intervención de la administración de Joe Biden -que casualmente se dio el día en que se confirmó que lo sucederá Donald Trump- estaba prevista desde septiembre.
Es ante dos sentencias, una favorable al fondo buitre Bainbridge vinculada a la trama y otra, de beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner y la gestión económica de Axel Kicillof. Por ese dictamen, la empresa estatal enfrenta una condena de primera instancia a pagar 16.100 millones de dólares.
La opinión de la administración Biden -a pedido de los fiscales del tribunal- recomendó rechazar el pago en acciones de sentencias por considerarlo violatorio de la soberanía y marcar un antecedente que podría volverse un bumerán para Estados Unidos, en causa que involucren empresas de aquel país, según analizan especialistas que siguen el trámite judicial.
"Estados Unidos presenta esta Declaración de Interés para reiterar su posición de larga data de que las propiedades extranjeras soberanas ubicadas en el exterior no están sujetas a ejecución en los tribunales estadounidenses", escribieron los emisarios del Departamento de Justicia en la presentación, cuyo extracto publicó en redes Sebastián Maril, abogado y CEO de Latin Advisors, un argentino que desde hace tiempo sigue con atención las trifulcas judiciales entre el estado argentino y fondos buitres en tribunales de Estados Unidos.
El texto que lleva la firma de Damian Williams, fiscal para el distrito Sur de Nueva York enumera razones y sugiere a la jueza Preska: "El mandato judicial y la orden solicitados por los demandantes que exigen que Argentina entregue su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violarían leyes bien establecidas de inmunidad soberana y no deberían ser concedidos por la Corte".
La presentación no es vinculante pero sí, un parámetro de peso que la Justicia tomará en cuenta. "Esto no está relacionado con el Alter Ego, ni la apelación, ni el fallo de los 16.100 millones de dólares. Es parte de la ejecución de ambas sentencias", explica Maril desde sus redes y a Clarín.
El abogado Sebastián Soler publicó en su cuenta de X la portada de una presentación de diez páginas. Allí se detalla la recomendación contra los otros beneficiarios que intentaban cobrarse en acciones de YPF: el fondo buitre Eton Park Capital y Petersen Energía Inversora, la empresa de la familia Eskenazi que era la presunta accionista mayoritaria de la petrolera al momento de su expropiación.
Por la estatización, en tanto, también está el reclamo de daños a esos socios de la española Repsol, accionista de la YPF privada. Esa acción de cobro pasó a mano del también buitre fondo Burford.
Ambas actuantes, en paralelo, reclamaban cobrarse sus sentencias favorables con el 51 por ciento de las acciones que el Estado argentino tiene de YPF.
El fallo por la expropiación de YPF es el más alto contra un estado en la historia. El 26 de octubre de 2023, Argentina solicitó suspender la multimillonaria ejecución de la sentencia definitiva pendiente y apelarla sin fianza o imponer una sentencia provisional. Eran tiempos de Alberto Fernández y Sergio Massa.
Pero Preska se sorprendió ante el pedido de prórroga encabezado por la solicitud de 30 días para familiarizarse con el caso. “Si este juicio es tan crítico, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, sentenció la jueza, en referencia al arribo de la gestión de Javier Milei.
Un giro de oro al exterior del Banco Central, a instancias del ministro de Economía Luis Caputo y en búsqueda de un préstamo REPO bancario fue otro objetivo de los fondos buitres para intentar cobrarse sentencias no ejecutadas.
Con una acción de discovery, los procesos de búsqueda de activos que los bufetes de abogados especializados utilizan en los tribunales para ejecutar las deudas, el fondo Bainbridge hizo una intentona ante el movimiento de lingotes del BCRA.
Radicado en Bahamas, el fondo que ahora tuvo un revés en Nueva York intentó reclamar por esa vía el mismo fallo. Busca cobrarse 95,8 millones de dólares que provienen los bonos impagos de la deuda argentina que no ingresaron a los canjes de deuda luego del default en 2001. Ese reclamo de ahorristas tuvo fallo favorable en 2016 y el holdout Bainbrigde adquirió la deuda que, mientras intenta ejecutarla con embargos, acumula intereses.
La intervención de la administración de Joe Biden -que casualmente se dio el día en que se confirmó que lo sucederá Donald Trump- estaba prevista desde septiembre.
Es ante dos sentencias, una favorable al fondo buitre Bainbridge vinculada a la trama y otra, de beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner y la gestión económica de Axel Kicillof. Por ese dictamen, la empresa estatal enfrenta una condena de primera instancia a pagar 16.100 millones de dólares.
La opinión de la administración Biden -a pedido de los fiscales del tribunal- recomendó rechazar el pago en acciones de sentencias por considerarlo violatorio de la soberanía y marcar un antecedente que podría volverse un bumerán para Estados Unidos, en causa que involucren empresas de aquel país, según analizan especialistas que siguen el trámite judicial.
"Estados Unidos presenta esta Declaración de Interés para reiterar su posición de larga data de que las propiedades extranjeras soberanas ubicadas en el exterior no están sujetas a ejecución en los tribunales estadounidenses", escribieron los emisarios del Departamento de Justicia en la presentación, cuyo extracto publicó en redes Sebastián Maril, abogado y CEO de Latin Advisors, un argentino que desde hace tiempo sigue con atención las trifulcas judiciales entre el estado argentino y fondos buitres en tribunales de Estados Unidos.
El texto que lleva la firma de Damian Williams, fiscal para el distrito Sur de Nueva York enumera razones y sugiere a la jueza Preska: "El mandato judicial y la orden solicitados por los demandantes que exigen que Argentina entregue su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violarían leyes bien establecidas de inmunidad soberana y no deberían ser concedidos por la Corte".
La presentación no es vinculante pero sí, un parámetro de peso que la Justicia tomará en cuenta. "Esto no está relacionado con el Alter Ego, ni la apelación, ni el fallo de los 16.100 millones de dólares. Es parte de la ejecución de ambas sentencias", explica Maril desde sus redes y a Clarín.
El abogado Sebastián Soler publicó en su cuenta de X la portada de una presentación de diez páginas. Allí se detalla la recomendación contra los otros beneficiarios que intentaban cobrarse en acciones de YPF: el fondo buitre Eton Park Capital y Petersen Energía Inversora, la empresa de la familia Eskenazi que era la presunta accionista mayoritaria de la petrolera al momento de su expropiación.
Por la estatización, en tanto, también está el reclamo de daños a esos socios de la española Repsol, accionista de la YPF privada. Esa acción de cobro pasó a mano del también buitre fondo Burford.
Ambas actuantes, en paralelo, reclamaban cobrarse sus sentencias favorables con el 51 por ciento de las acciones que el Estado argentino tiene de YPF.
El fallo por la expropiación de YPF es el más alto contra un estado en la historia. El 26 de octubre de 2023, Argentina solicitó suspender la multimillonaria ejecución de la sentencia definitiva pendiente y apelarla sin fianza o imponer una sentencia provisional. Eran tiempos de Alberto Fernández y Sergio Massa.
Pero Preska se sorprendió ante el pedido de prórroga encabezado por la solicitud de 30 días para familiarizarse con el caso. “Si este juicio es tan crítico, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, sentenció la jueza, en referencia al arribo de la gestión de Javier Milei.
El fondo buitre que puso la mirada en el oro del Banco Central
Un giro de oro al exterior del Banco Central, a instancias del ministro de Economía Luis Caputo y en búsqueda de un préstamo REPO bancario fue otro objetivo de los fondos buitres para intentar cobrarse sentencias no ejecutadas.
Con una acción de discovery, los procesos de búsqueda de activos que los bufetes de abogados especializados utilizan en los tribunales para ejecutar las deudas, el fondo Bainbridge hizo una intentona ante el movimiento de lingotes del BCRA.
Radicado en Bahamas, el fondo que ahora tuvo un revés en Nueva York intentó reclamar por esa vía el mismo fallo. Busca cobrarse 95,8 millones de dólares que provienen los bonos impagos de la deuda argentina que no ingresaron a los canjes de deuda luego del default en 2001. Ese reclamo de ahorristas tuvo fallo favorable en 2016 y el holdout Bainbrigde adquirió la deuda que, mientras intenta ejecutarla con embargos, acumula intereses.
Con información de
Clarín
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