Presupuesto, "ficha limpia" y otro desafío opositor: el Gobierno enfrenta una semana turbulenta en Diputados
Lunes 18 de
Noviembre 2024
Sigue la puja entre la Casa Rosada y los gobernadores mientras un sector amenaza con retomar la embestida para limitar los DNU; Pro busca avanzar con la prohibición de que condenados por corrupción sean candidatos
El Gobierno y los mandatarios provinciales llevarán su disputa presupuestaria hasta el límite, con un enfrentamiento clave esta semana en la Cámara de Diputados. El objetivo es consensuar un dictamen el martes para llevar el proyecto al recinto dos días después. Sin embargo, si no hay acuerdo, la oposición amenaza con retomar el jueves el debate impulsado por Encuentro Federal y los radicales de Democracia para restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y rechazar el DNU 846, que permite al Ejecutivo renegociar deuda sin autorización del Congreso.
Además de la puja por los recursos del 2025, también estará presente -el miércoles- el intento de Pro de avanzar con su proyecto de “ficha limpia” para impedir que candidatos con condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción puedan competir. Esta iniciativa eriza a Unión por la Patria (UP) dado que la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad ya fue ratificada por Casación. Desde el peronismo perciben el impulso macrista como un ataque dirigido contra la exvicepresidenta y hablan de “proscripción”, aunque es improbable que se apruebe antes de fin de año.
Este cruce de agendas en Diputados será a solo dos semanas de que finalice el período ordinario de sesiones. Salvo que el Gobierno convoque a extraordinarias -algo sobre lo que no hay una postura común entre referentes de la Casa Rosada- , el Congreso cerrará sus puertas del 30 de noviembre hasta el 1° de marzo.
En otras palabras: no hay tiempo. Ni para sancionar el presupuesto, ni para convertir en ley el proyecto de “ficha limpia”, ni tampoco para concretar el límite de uso de los DNU. El Gobierno utiliza su indefinición sobre la extensión del período parlamentario -y los temas que podría incluir- para doblegar a los gobernadores y su tropa legislativa, que se rehúsan a una nueva prórroga del presupuesto 2023, lo que otorgaría discrecionalidad a Javier Milei en el manejo de recursos. La Casa Rosada pretende que acompañen el proyecto original, sin alteraciones, bajo la amenaza de dejarlos sin nada.
En vez de amedrentarlos, este ninguneo del Gobierno indignó a los 10 mandatarios provinciales de Pro y UCR, que instruyeron a sus diputados a que, junto al bloque de Miguel Pichetto (Encuentro Federal), elaboren un presupuesto alternativo.
Además, cuentan con un plan B: retienen la amenaza de voltear el decreto 846, clave para la administración libertaria. Los plazos para rechazar este DNU, diferentes a la sanción de una ley, ya se cumplieron. No es necesario que pase por comisiones: la oposición solo debe reunir la mayoría simple en Diputados y el Senado para, en estas últimas dos semanas, llevarlo al recinto de ambas Cámaras y suprimir su validez. Supondría un durísimo golpe para el Poder Ejecutivo, que necesita de la liquidez que le darán los canjes de deuda que ya comenzó a renegociar.
Será una semana tensa en Diputados, donde el Gobierno y los mandatarios provinciales se medirán en una suerte de “juego de la gallina” -chicken game-. Este famoso modelo de conflicto escenifica a dos automovilistas que se dirigen el uno hacia el otro en perfecta colisión. Uno, o ambos, deben desviarse para evitar la destrucción mutua. Concretamente, la falta de prespuesto no solo no sería una buena señal para los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) -a pesar de que en el oficialismo lo relativizan- sino que podría redundar en un conflicto permanente con los gobernadores y los principales aliados del Gobierno en el Congreso, el Pro.
Los mandatarios provinciales de Pro y de la UCR demandan que se incluyan en el presupuesto los siguientes cinco puntos:
- El financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Anses. El Gobierno, por ahora, no pretende moverse de los $254 millones asignados.
- El pago de la compensación del Pacto Fiscal de 2017.
- La eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, está subejecutados y pretenden que se coparticipen.
- La reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP (ahora ARCA).
- La coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.
- Ficha limpia, todavía sin votos
El macrismo, principal promotor de esta iniciativa, todavía no reúne los 129 votos positivos para asegurarse una victoria en el recinto y algunos de sus referentes no descartan consensuar modificaciones con otros sectores para evitar un revés.
Los convocantes de la sesión -Pro, La Libertad Avanza (LLA) y la Unión Cívica Radical (UCR)- tendrán que asegurarse el apoyo de los radicales blue de Democracia y de la mayor cantidad posible de miembros de EF, que no tienen una postura unificada sobre el tema. Por ejemplo, Pichetto se opone al dictamen de mayoría y defiende que la inhabilitación solo debería aplicarse cuando la condena sea confirmada por la Corte, mientras que Margarita Stolbizer, que pertenece al mismo bloque, respalda el dictamen de mayoría.
Fernando Carbajal, de Democracia, presentó un dictamen apoyado por sus 11 colegas de bancada, en el que cuestiona circunscribir la “ficha limpia” solo a delitos de corrupción. Según uno de sus referentes, sería un despropósito permitir que condenados por pedofilia o narcotráfico puedan ocupar cargos públicos. Para alcanzar la mayoría requerida, Pro y sus aliados podrían considerar incluir estos delitos en el texto final.
Además de la puja por los recursos del 2025, también estará presente -el miércoles- el intento de Pro de avanzar con su proyecto de “ficha limpia” para impedir que candidatos con condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción puedan competir. Esta iniciativa eriza a Unión por la Patria (UP) dado que la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad ya fue ratificada por Casación. Desde el peronismo perciben el impulso macrista como un ataque dirigido contra la exvicepresidenta y hablan de “proscripción”, aunque es improbable que se apruebe antes de fin de año.
Este cruce de agendas en Diputados será a solo dos semanas de que finalice el período ordinario de sesiones. Salvo que el Gobierno convoque a extraordinarias -algo sobre lo que no hay una postura común entre referentes de la Casa Rosada- , el Congreso cerrará sus puertas del 30 de noviembre hasta el 1° de marzo.
En otras palabras: no hay tiempo. Ni para sancionar el presupuesto, ni para convertir en ley el proyecto de “ficha limpia”, ni tampoco para concretar el límite de uso de los DNU. El Gobierno utiliza su indefinición sobre la extensión del período parlamentario -y los temas que podría incluir- para doblegar a los gobernadores y su tropa legislativa, que se rehúsan a una nueva prórroga del presupuesto 2023, lo que otorgaría discrecionalidad a Javier Milei en el manejo de recursos. La Casa Rosada pretende que acompañen el proyecto original, sin alteraciones, bajo la amenaza de dejarlos sin nada.
En vez de amedrentarlos, este ninguneo del Gobierno indignó a los 10 mandatarios provinciales de Pro y UCR, que instruyeron a sus diputados a que, junto al bloque de Miguel Pichetto (Encuentro Federal), elaboren un presupuesto alternativo.
Además, cuentan con un plan B: retienen la amenaza de voltear el decreto 846, clave para la administración libertaria. Los plazos para rechazar este DNU, diferentes a la sanción de una ley, ya se cumplieron. No es necesario que pase por comisiones: la oposición solo debe reunir la mayoría simple en Diputados y el Senado para, en estas últimas dos semanas, llevarlo al recinto de ambas Cámaras y suprimir su validez. Supondría un durísimo golpe para el Poder Ejecutivo, que necesita de la liquidez que le darán los canjes de deuda que ya comenzó a renegociar.
Será una semana tensa en Diputados, donde el Gobierno y los mandatarios provinciales se medirán en una suerte de “juego de la gallina” -chicken game-. Este famoso modelo de conflicto escenifica a dos automovilistas que se dirigen el uno hacia el otro en perfecta colisión. Uno, o ambos, deben desviarse para evitar la destrucción mutua. Concretamente, la falta de prespuesto no solo no sería una buena señal para los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) -a pesar de que en el oficialismo lo relativizan- sino que podría redundar en un conflicto permanente con los gobernadores y los principales aliados del Gobierno en el Congreso, el Pro.
Las exigencias de los gobernadores
Los mandatarios provinciales de Pro y de la UCR demandan que se incluyan en el presupuesto los siguientes cinco puntos:
- El financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Anses. El Gobierno, por ahora, no pretende moverse de los $254 millones asignados.
- El pago de la compensación del Pacto Fiscal de 2017.
- La eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, está subejecutados y pretenden que se coparticipen.
- La reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP (ahora ARCA).
- La coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.
- Ficha limpia, todavía sin votos
El macrismo, principal promotor de esta iniciativa, todavía no reúne los 129 votos positivos para asegurarse una victoria en el recinto y algunos de sus referentes no descartan consensuar modificaciones con otros sectores para evitar un revés.
Los convocantes de la sesión -Pro, La Libertad Avanza (LLA) y la Unión Cívica Radical (UCR)- tendrán que asegurarse el apoyo de los radicales blue de Democracia y de la mayor cantidad posible de miembros de EF, que no tienen una postura unificada sobre el tema. Por ejemplo, Pichetto se opone al dictamen de mayoría y defiende que la inhabilitación solo debería aplicarse cuando la condena sea confirmada por la Corte, mientras que Margarita Stolbizer, que pertenece al mismo bloque, respalda el dictamen de mayoría.
Fernando Carbajal, de Democracia, presentó un dictamen apoyado por sus 11 colegas de bancada, en el que cuestiona circunscribir la “ficha limpia” solo a delitos de corrupción. Según uno de sus referentes, sería un despropósito permitir que condenados por pedofilia o narcotráfico puedan ocupar cargos públicos. Para alcanzar la mayoría requerida, Pro y sus aliados podrían considerar incluir estos delitos en el texto final.
Con información de
La Nación
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