Fracasó en el Senado un intento por avanzar con una ''ley antibloqueos'' de empresas
Por:
Gustavo Ybarra
Martes 26 de
Noviembre 2024
La iniciativa fue tratada en la Comisión de Justicia y busca agravar las penas para los activistas que promuevan o participen en medidas sindicales que impidan el ingreso de los trabajadores
Casi sin debate y en el filo del cierre del periodo ordinarios de sesiones, la Comisión de Justicia del Senado intentó avanzar sin éxito con el tratamiento de un proyecto de ley que busca castigar con penas de prisión e inhabilitación para ejercer funciones sindicales a quienes bloqueen el acceso a una empresa en el marco de una protesta gremial.
La jugada, articulada por el oficialismo con la senadora radical y autora de proyecto, Carolina Losada (Santa Fe), fracasó por la negativa de Natalia Gadano (Por Santa Cruz), que se negó a apoyar la iniciativa. Así, el proyecto no logró alcanzar la mayoría para obtener dictamen. La legisladora responde al gobernador Claudio Vidal, un peronista de extracción sindical, lo que explica su negativa a avalar la iniciativa.
La iniciativa marcha en la misma línea que uno de los artículos contenidos en el texto original de la Ley Bases y que el oficialismo debió resignar cuando fracasó el primer intento de tratamiento, cuando tuvo que devolver a comisiones la discusión del kilométrico proyecto en febrero último.
El proyecto fue presentado por Losada hace dos años, representada en marzo último y contiene una sola cláusula que modifica el artículo 158 bis al Código Penal para reprimir con prisión de dos a cuatro años “al que impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial o de servicios, bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichas empresas o de otras empresas”.
El texto agrega que en el caso en el que la acción de bloqueo “tuviese como finalidad perjudicar la continuidad o modalidades de una relación contractual o laboral de un tercero corresponderá una pena de prisión de tres a seis años”.
Las penas se agravan en el caso en el que en la protesta participe o sea instigada o promovida por un representante gremial. En este caso, además de la pena privativa de libertad “tendrá una inhabilitación especial por doble tiempo para ejercer su representación sindical”.
La iniciativa fue tratada cuando casi no quedaban senadores en la Comisión de Justicia, apenas había cinco legisladores presentes contando al presidente del cuerpo, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), y con la totalidad del kirchnerismo ausente en el encuentro.
“Las leyes laborales están hechas para ser respetadas pero los derechos individuales de los que quieren trabajar también. Me parece bastante complicado que se tenga como un derecho absoluto que no se deje trabajar a quien quiere trabajar e ir cortando las fuentes de producción para lograr algún tipo de beneficio”, argumentó Pagotto en apoyo a la iniciativa.
Por su parte, Losada explicó que la intención del proyecto es “tratar de generar una figura penal para aquellos que bloqueen una empresa”. “Reconocemos el derecho a huelga, como lo reconoce la Constitución Nacional, pero uno puede hacer una huelga sin bloquear la entrada de la empresa y sin bloquear el también derecho constitucional a trabajar”, agregó.
La senadora radical dijo que como consecuencia de los bloqueos “se han cerrado empresas y se han perdidos fuentes de trabajo”, antes de remarcar que le iniciativa “sanciona más gravosamente a una persona que es parte de un sindicato” y que “contempla la posibilidad de despido a la persona que esté boqueando el acceso a la empresa”.
La jugada, articulada por el oficialismo con la senadora radical y autora de proyecto, Carolina Losada (Santa Fe), fracasó por la negativa de Natalia Gadano (Por Santa Cruz), que se negó a apoyar la iniciativa. Así, el proyecto no logró alcanzar la mayoría para obtener dictamen. La legisladora responde al gobernador Claudio Vidal, un peronista de extracción sindical, lo que explica su negativa a avalar la iniciativa.
La iniciativa marcha en la misma línea que uno de los artículos contenidos en el texto original de la Ley Bases y que el oficialismo debió resignar cuando fracasó el primer intento de tratamiento, cuando tuvo que devolver a comisiones la discusión del kilométrico proyecto en febrero último.
El proyecto fue presentado por Losada hace dos años, representada en marzo último y contiene una sola cláusula que modifica el artículo 158 bis al Código Penal para reprimir con prisión de dos a cuatro años “al que impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial o de servicios, bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichas empresas o de otras empresas”.
El texto agrega que en el caso en el que la acción de bloqueo “tuviese como finalidad perjudicar la continuidad o modalidades de una relación contractual o laboral de un tercero corresponderá una pena de prisión de tres a seis años”.
Las penas se agravan en el caso en el que en la protesta participe o sea instigada o promovida por un representante gremial. En este caso, además de la pena privativa de libertad “tendrá una inhabilitación especial por doble tiempo para ejercer su representación sindical”.
La iniciativa fue tratada cuando casi no quedaban senadores en la Comisión de Justicia, apenas había cinco legisladores presentes contando al presidente del cuerpo, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), y con la totalidad del kirchnerismo ausente en el encuentro.
“Las leyes laborales están hechas para ser respetadas pero los derechos individuales de los que quieren trabajar también. Me parece bastante complicado que se tenga como un derecho absoluto que no se deje trabajar a quien quiere trabajar e ir cortando las fuentes de producción para lograr algún tipo de beneficio”, argumentó Pagotto en apoyo a la iniciativa.
Por su parte, Losada explicó que la intención del proyecto es “tratar de generar una figura penal para aquellos que bloqueen una empresa”. “Reconocemos el derecho a huelga, como lo reconoce la Constitución Nacional, pero uno puede hacer una huelga sin bloquear la entrada de la empresa y sin bloquear el también derecho constitucional a trabajar”, agregó.
La senadora radical dijo que como consecuencia de los bloqueos “se han cerrado empresas y se han perdidos fuentes de trabajo”, antes de remarcar que le iniciativa “sanciona más gravosamente a una persona que es parte de un sindicato” y que “contempla la posibilidad de despido a la persona que esté boqueando el acceso a la empresa”.
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