Nicaragua aprobó una nueva Constitución que reafirma el poder absoluto de Daniel Ortega
Viernes 31 de
Enero 2025
El Gobierno habla de "democracia directa" y "Estado Revolucionario", pero establece en la nueva Carta Magna que los tres poderes quedan bajo su coordinación.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad este jueves una reforma constitucional que extiende los mandatos de los cargos ejecutivos de cinco a seis años y eleva a “copresidenta” a Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega.
La reforma fortalece el dominio absoluto del matrimonio presidencial, ya que los poderes Legislativo y Judicial serán coordinados en última instancia por el Poder Ejecutivo. Además, Murillo y Ortega, ahora en rol de copresidentes, tendrán la facultad de nombrar nuevos vicepresidentes.
“Con esta reforma ratificamos que la Presidencia de la República dirige la Jefatura del Estado y Gobierno, además de coordinar armónicamente los Órganos Legislativo, Judicial, Electoral, Regional, Municipal y de Control y Fiscalización, al servicio del Pueblo que ejerce el Poder a través de la democracia directa”, sostiene en un comunicado la Asamblea Nacional.
La reforma además incorpora los colores rojo y negro de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como colores patrios. “Evocamos en este Documento Histórico a los Héroes y Heroínas de todos los Tiempos, reconocemos nuestra Bandera Rojinegra como parte de nuestros Sagrados Símbolos Patrios y protegemos al Estado Revolucionario de los traidores que atentan contra la Soberanía, la Justicia Social y la Paz” sostiene el comunicado oficial.
"Aseguramos la participación protagónica de las Mujeres en la Presidencia de la República y en todos los ámbitos políticos, cumpliendo expresamente con la equidad de género. Reconocemos los derechos de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes, reafirmamos y protegemos las conquistas de nuestra Revolución que incluyen: el Derecho a la Salud y a la Educación gratuitas y de calidad, a la Cultura, el Deporte y la Recreación, a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, al acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y energía, a una Vivienda Digna y Segura y a la Promoción de la Economía Creativa", agrega.
"Estos cambios drásticos marcan la destrucción del estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua", dijo el abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de las Naciones Unidas que evalúan la situación de derechos humanos en el país.
"Daniel Ortega y Rosario Murillo han consagrado y solidificado su poder absoluto", dijo Brody. Luego de que el FSLN derrocara la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, Ortega fue presidente por primera vez entre 1985 y 1990. Después de ese primer mandato, fue reelegido en 2007 y desde ese entonces conduce el Gobierno nicaragüense.
En los últimos tiempos las críticas hacia Ortega por prácticas autoritarias aumentaron y algunos sectores consideran que se trata de una “dictadura nepotista”. Entre los principales cuestionamientos están el encarcelamiento a cientos de opositores, reales y percibidos.
Además, desde las protestas opositoras de 2018, en las que las Naciones Unidas estimaron que hubo más de 300 muertos, el Gobierno cerró más de 5.000 ONG. Miles de nicaragüenses se exiliaron y la mayoría de los medios independientes y de oposición operan desde el extranjero.
En la actualidad, el Gobierno de Nicaragua está bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
La reforma fortalece el dominio absoluto del matrimonio presidencial, ya que los poderes Legislativo y Judicial serán coordinados en última instancia por el Poder Ejecutivo. Además, Murillo y Ortega, ahora en rol de copresidentes, tendrán la facultad de nombrar nuevos vicepresidentes.
“Con esta reforma ratificamos que la Presidencia de la República dirige la Jefatura del Estado y Gobierno, además de coordinar armónicamente los Órganos Legislativo, Judicial, Electoral, Regional, Municipal y de Control y Fiscalización, al servicio del Pueblo que ejerce el Poder a través de la democracia directa”, sostiene en un comunicado la Asamblea Nacional.
La reforma además incorpora los colores rojo y negro de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como colores patrios. “Evocamos en este Documento Histórico a los Héroes y Heroínas de todos los Tiempos, reconocemos nuestra Bandera Rojinegra como parte de nuestros Sagrados Símbolos Patrios y protegemos al Estado Revolucionario de los traidores que atentan contra la Soberanía, la Justicia Social y la Paz” sostiene el comunicado oficial.
"Aseguramos la participación protagónica de las Mujeres en la Presidencia de la República y en todos los ámbitos políticos, cumpliendo expresamente con la equidad de género. Reconocemos los derechos de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes, reafirmamos y protegemos las conquistas de nuestra Revolución que incluyen: el Derecho a la Salud y a la Educación gratuitas y de calidad, a la Cultura, el Deporte y la Recreación, a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, al acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y energía, a una Vivienda Digna y Segura y a la Promoción de la Economía Creativa", agrega.
Las críticas internacionales a la reforma de Daniel Ortega
"Estos cambios drásticos marcan la destrucción del estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua", dijo el abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de las Naciones Unidas que evalúan la situación de derechos humanos en el país.
"Daniel Ortega y Rosario Murillo han consagrado y solidificado su poder absoluto", dijo Brody. Luego de que el FSLN derrocara la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, Ortega fue presidente por primera vez entre 1985 y 1990. Después de ese primer mandato, fue reelegido en 2007 y desde ese entonces conduce el Gobierno nicaragüense.
En los últimos tiempos las críticas hacia Ortega por prácticas autoritarias aumentaron y algunos sectores consideran que se trata de una “dictadura nepotista”. Entre los principales cuestionamientos están el encarcelamiento a cientos de opositores, reales y percibidos.
Además, desde las protestas opositoras de 2018, en las que las Naciones Unidas estimaron que hubo más de 300 muertos, el Gobierno cerró más de 5.000 ONG. Miles de nicaragüenses se exiliaron y la mayoría de los medios independientes y de oposición operan desde el extranjero.
En la actualidad, el Gobierno de Nicaragua está bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
Con información de
Perfil
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