El Gobierno cruzó a la jueza que libero a los detenidos en la marcha por los jubilados: "Militan la impunidad"
Jueves 13 de
Marzo 2025
A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, la administración de Javier Milei le respondió a la jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos.
Através del vocero presidencial, Manuel Adorni, el gobierno de Javier Milei le respondió a la jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que participaron de la marcha por los jubilados. En un posteo en la red social X, el funcionario escribió: "La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad. La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices".
Tras los graves incidentes registrados durante la última marcha que cada miércoles realizan los jubilados frente al Congreso de la Nación, que contó con el apoyo de hinchas, barrabravas y otras organizaciones, la Justicia decidió liberar a 94 de los 124 detenidos por los efectivos de seguridad, luego de imputarlos por diversos delitos. La decisión se tomó luego de analizar la información disponible y considerar que se veían afectados derechos fundamentales de la Constitución, como el de protesta y la libertad de expresión.
Durante la madrugada de este jueves, la gran mayoría de ellos recuperó la libertad por orden de la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15.
La magistrada tomó en cuenta la información proporcionada por la Defensoría Pública y consideró que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”. Trascendió que algunas de las personas que permanecen bajo arresto contarían con antecedentes penales.
"En un contexto como el actual, donde sectores vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, se encuentran involucrados, el Poder Judicial debe atender estos derechos de manera especial", fundamentó en su decisión. "Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia", añadió.
Asimismo, dispuso "la inmediata soltura de los detenidos", ya que iba a reportarse una larga demora en las liberaciones porque la unidad de flagrancia pretendía realizar un operativo de salud con médico legista con cada uno de los aprehendidos.
Tras los graves incidentes registrados durante la última marcha que cada miércoles realizan los jubilados frente al Congreso de la Nación, que contó con el apoyo de hinchas, barrabravas y otras organizaciones, la Justicia decidió liberar a 94 de los 124 detenidos por los efectivos de seguridad, luego de imputarlos por diversos delitos. La decisión se tomó luego de analizar la información disponible y considerar que se veían afectados derechos fundamentales de la Constitución, como el de protesta y la libertad de expresión.
Durante la madrugada de este jueves, la gran mayoría de ellos recuperó la libertad por orden de la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15.
La magistrada tomó en cuenta la información proporcionada por la Defensoría Pública y consideró que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”. Trascendió que algunas de las personas que permanecen bajo arresto contarían con antecedentes penales.
"En un contexto como el actual, donde sectores vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, se encuentran involucrados, el Poder Judicial debe atender estos derechos de manera especial", fundamentó en su decisión. "Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia", añadió.
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Con información de
Perfil
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