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Pruebas Aprender: ¿por qué seguimos ocultando los resultados?
Por:
Edgardo Zablostky
Lunes 19 de
Mayo 2025
Hay algo aún más preocupante que los resultados en sí mismo: la persistente negativa a dar a conocer los datos desagregados por escuela.
Los recientes resultados de las pruebas Aprender vuelven a reflejar una verdad que ya no debería sorprendernos: una proporción alarmante de alumnos de 3er grado no alcanza los niveles básicos de comprensión lectora. Detrás de cada número hay chicos y chicas cuyo futuro se ve comprometido por un sistema que, en demasiados casos, no logra garantizar una educación de calidad.
Pero hay algo aún más preocupante que los resultados en sí mismo: la persistente negativa a dar a conocer los datos desagregados por escuela. Esto no es un detalle técnico ni una cuestión menor. Es una decisión política que impide a las familias saber en qué condiciones se educan sus hijos y niega al conjunto de la sociedad una herramienta fundamental para exigir mejoras.
Por cierto, el 27 de diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei incluyó en el Proyecto de Ley Bases el artículo 549, el cual justamente habilitaría a los padres a conocer la información relevante. El texto que precede al proyecto de ley explicita: “Se impulsan cambios en el sistema educativo (…) con la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país”. Lamentablemente, como tantas otras veces en nuestra historia reciente, una buena idea quedó en la nada.
Desde hace años sostengo que es imprescindible modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que prohíbe expresamente la publicación de los resultados de las evaluaciones estandarizadas cuando puedan individualizar a las instituciones educativas. Bajo la supuesta intención de “evitar la estigmatización”, se termina protegiendo el statu quo y ocultando realidades que merecen ser conocidas para poder ser transformadas.
A modo de ejemplo, en julio de 2013 publiqué en Clarín la primera de numerosas notas de opinión que sostenían que resultaba indispensable modificar el artículo 97, para que la indignación de los mismos padres de los niños y jóvenes afectados por la tragedia educativa que, ya por entonces, vivía nuestro país le proveyese al gobierno de turno el apoyo sin el cual era imposible enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.
El argumento de la estigmatización parte de una visión paternalista y profundamente injusta. Asume que mostrar los resultados por escuela implicaría señalar con el dedo a aquellas que tienen bajos desempeños, sin tener en cuenta el contexto en el que trabajan. Pero es exactamente al revés: hacer públicos los datos permitiría visibilizar las enormes desigualdades del sistema y reconocer los esfuerzos de muchas escuelas que logran buenos resultados en contextos adversos.
Transparencia no es sinónimo de castigo, sino de responsabilidad. No se trata de armar rankings simplistas ni de apuntar contra los docentes, sino de generar las condiciones para que las familias cuenten con información clara y confiable.
Hoy, las familias no pueden conocer, no pueden comparar, no pueden exigir. Es hora de cambiar eso. Permitir la publicación de los resultados por escuela sería un paso decisivo hacia un sistema educativo más justo, más transparente y comprometido con el aprendizaje de los niños y jóvenes.
Necesitamos dejar de esconder los datos detrás de un discurso bienintencionado pero ineficaz. Lo que verdaderamente estigmatiza es condenar a miles de chicos a pasar por una escuela que no les enseña lo que deberían aprender, sin que las familias ni siquiera lo sospechen.
Pero hay algo aún más preocupante que los resultados en sí mismo: la persistente negativa a dar a conocer los datos desagregados por escuela. Esto no es un detalle técnico ni una cuestión menor. Es una decisión política que impide a las familias saber en qué condiciones se educan sus hijos y niega al conjunto de la sociedad una herramienta fundamental para exigir mejoras.
Por cierto, el 27 de diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei incluyó en el Proyecto de Ley Bases el artículo 549, el cual justamente habilitaría a los padres a conocer la información relevante. El texto que precede al proyecto de ley explicita: “Se impulsan cambios en el sistema educativo (…) con la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país”. Lamentablemente, como tantas otras veces en nuestra historia reciente, una buena idea quedó en la nada.
Desde hace años sostengo que es imprescindible modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que prohíbe expresamente la publicación de los resultados de las evaluaciones estandarizadas cuando puedan individualizar a las instituciones educativas. Bajo la supuesta intención de “evitar la estigmatización”, se termina protegiendo el statu quo y ocultando realidades que merecen ser conocidas para poder ser transformadas.
A modo de ejemplo, en julio de 2013 publiqué en Clarín la primera de numerosas notas de opinión que sostenían que resultaba indispensable modificar el artículo 97, para que la indignación de los mismos padres de los niños y jóvenes afectados por la tragedia educativa que, ya por entonces, vivía nuestro país le proveyese al gobierno de turno el apoyo sin el cual era imposible enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.
El argumento de la estigmatización parte de una visión paternalista y profundamente injusta. Asume que mostrar los resultados por escuela implicaría señalar con el dedo a aquellas que tienen bajos desempeños, sin tener en cuenta el contexto en el que trabajan. Pero es exactamente al revés: hacer públicos los datos permitiría visibilizar las enormes desigualdades del sistema y reconocer los esfuerzos de muchas escuelas que logran buenos resultados en contextos adversos.
Transparencia no es sinónimo de castigo, sino de responsabilidad. No se trata de armar rankings simplistas ni de apuntar contra los docentes, sino de generar las condiciones para que las familias cuenten con información clara y confiable.
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