Según la ley de Educación Nacional "los servicios educativos de gestión privada están sujetos a la autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes".

Asimismo, "tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas".

La ley de la enseñanza privada de la provincia de Santa Fe ordena en su  artículo 13º: "Las obligaciones contraídas por los propietarios con su personal o terceros no responsabiliza ni obliga en modo alguno al Estado".

Por su lado, el artículo 16 -de la misma ley N° 6427 de la Provincia- dice que “los establecimientos incorporados que perciban aranceles y demuestren fehacientemente que no pueden abonar al personal escolar las retribuciones establecidas en el orden oficial, podrán gozar para ese sólo efecto, de una retribución en dinero. Esta retribución para el pago exclusivo al personal, será del 80%, 60% y 40% del total de los sueldos, durante 10 meses del año, según la situación económica de éstos, comprobada con el balance anual y teniendo en cuenta la política de fomento educativo de la Provincia. 

Para los dos meses restantes y el sueldo anual complementario, podrá ser de hasta el 100%.

La pregunta que uno se hace es si el Estado es "socialmente justo" cuando autoriza a crear colegios "privados" a aquellos entes que no les alcanza su propia economía para hacerse cargo del salario de sus docentes –vale aclarar, los institutos particulares son responsables del pago de los haberes porque no existe relación de empleo entre los docentes y el Estado-. 

Es decir, ¿cuál es la prudencia de enojarse o molestarse con quién pretende que se abran escuelas públicas gestionadas por el Estado en lugar de subsidiar escuelas privadas que en muchos casos cobran elevadas cuotas?. Y si ¿en vez de subsidiar empresas se abren nuevas escuelas de gestión pública y los 27000 docentes pasan a planta estatal?. 

No parece fundamento sólido en el marco del debate “progre” sustentar una posición en la fuente laboral de 27000 familias. El Estado podría contar con más establecimientos estatales y más trabajadores gozar de la estabilidad que representa el empleo público a instancia de concursos transparentes.

Lo justo sería que un docente no tenga un régimen legal distinto porque su empleador es de diferente naturaleza. Pero, por qué subsidiar a empresarios -muchos de los cuales ganan buen dinero con la educación- si los colegios pueden ser gestionados por el propio Estado.

A lo mejor, algunos pretenden que proliferen institutos privados como sucede en la ciudad de Mauricio Macri.

En la CABA tienen trabajo muchos educadores en el ámbito de la gestión privada de la educación pública. La educación en ese primer mundo es concebida también como un negocio. El 50% de escuelas no son gestionadas por el Estado y en la mayoria de esos establecimientos se cobra un arancel cuantitativamente importante. 

Ironía aparte representa el artículo 12 de la ley provincial 6427: "Los propietarios y sus apoderados deberán gozar de buen concepto y solvencia moral y económica".

Quizá, sería justo -también- que en Santa Fe exista una paritaria en la que los docentes privados puedan negociar colectivamente con sus empleadores privados y no hacer las veces de… 

Una opinión más. El tema es arduo. Extenso.

Pensar que hay ¿comunicadores? que escriben que el debate "aburrió". Pero si no se trata de entretener. Vah.. eso creo. 

En fin, nada.

La Lechuza Oly