Romero indicó que “existe una enorme contradicción fáctica: el Estado le paga por cargo testigo a cada docente un salario mínimo vital y al mismo tiempo pretende mejorar la calidad educativa mediante un Instituto, que lo impone unilateralmente por decreto, para evaluar el desempeño de los alumnos. Nosotros entendemos en las construcciones colectivas, debates y consensos y rechazamos la unilateralidad en materia educativa”. 
 
 
El dirigente afirmó que “el Instituto de Evaluación Educativa que impulsa el Ministerio de Educación y Deportes pretende evaluar a los alumnos y, por contrapartida, a los docentes. Es como ubicar el carro delante del caballo porque previamente deberíamos discutir las condiciones en que se enseña y aprende en la Argentina”, y agregó: “se ensaya evaluar el desempeño con muchísimos alumnos en estado de pobreza y con salarios en situación de exponencial emergencia por lo que estamos evaluando solicitar se declare la emergencia salarial docente en todo el territorio nacional que permitiría destinar mayores recursos a Educación”.
“Inflación;  devaluación; incremento de impuestos, de precios de servicios esenciales y de combustibles, hacen una realidad que el docente no pueda soportar la cotidianidad con $6060” denunció el docente.
 
El también Secretario de Políticas Educativas de la CGT alertó sobre “la preocupación que genera que se gobierne por decreto cuestiones que afectan la legislación de fondo, o al sistema educativo en su conjunto, lo que genera lamentablemente, en nuestro caso,  la sensación que se esmerilan los ámbitos naturales de discusión como la paritaria”. 
 
“La paritaria nacional docente carece de sentido si consecutivamente sólo se acuerdan salarios similares a los que fija el Consejo del Salario que periódicamente determina el Salario Mínimo Vital y Móvil” argumentó Romero y dio un mensaje claro a las autoridades: “Si Argentina quiere tener los índices evaluativos de Finlandia en materia Educativa debe pagar salarios Finlandeses y no sostener salarios paupérrimos”. 
 
 Finalmente, dijo que “la agenda de reclamos es amplia: la rectificación del decreto 13/2015 la que no fue comunicada todavía, ampliación del presupuesto educativo (UDA presento en el Congreso en el año 2010 un proyecto al respecto); que el Estado se aboque a equiparar en infraestructura las Escuelas históricas provinciales con las transferidas; entre otros”.