25 DE ABRIL 2024
Privadas vs. públicas: las universidades pagas casi duplican la tasa de graduación de sus alumnos
Jueves 07 de
Julio 2016
El 42,9% se recibe en tiempo y forma contra el 25,5% de los estudiantes que van a las estatales. El “incentivo” de pagar una cuota, el mayor seguimiento a los alumnos y los paros docentes, entre los motivos.
El sistema universitario público argentino es quizás el más inclusivo de América Latina. Pero, según el último informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina, también es uno de los más “ineficaces”. Según datos oficiales analizados por el CEA, en el período 2009-2013 se graduó solo uno de cada cuatro alumnos que habían ingresado en el período 2003-2007: la tasa de eficacia de las universidades públicas es de apenas el 25,5%. En las privadas, en cambio, el porcentaje de graduación es casi el doble: 42,9%.
En términos absolutos, las universidades privadas representan solo el 22% de la matrícula universitaria. En 2014 las privadas tenían 403.373 alumnos; las públicas, 1.468.072. Sin embargo, ese mismo año las privadas aportaron un tercio de los graduados: 39.079, contra 81.552 en las públicas. ¿Qué factores explican esta diferencia?.
“En el sistema público, al no tener un proceso de selección externo a través de un examen de ingreso, la selección de alumnos se realiza dentro de la propia universidad. Esto provoca una mayor tasa de deserción; es una particularidad intrínseca del modelo”, señala Marcelo Rabossi, investigador de la Universidad Di Tella. En esto coincide con Alieto Guadagni, director del CEA, quien subraya que en los países con examen de ingreso los estudiantes "llegan mejor preparados a la universidad porque estudian más en la secundaria".
Para Rabossi, además, hay una influencia del factor económico: “En el sector público, permanecer como alumno por encima del tiempo teórico de finalización de la carrera, o cambiar de carrera una y otra vez, no tiene un costo monetario. En el privado, sí”.
Rabossi también menciona diferencias organizacionales: “Se percibe un mayor control y un seguimiento más personalizado en las privadas. Resulta lógico: ahí perder un alumno es costoso en términos monetarios, mientras que este aspecto no afecta mayormente a las públicas”. Además, el especialista sostiene que la “mayor conflictividad” de las públicas, sea por reclamos docentes o conflictos administrativos, también puede funcionar como un factor de “expulsión” para ciertos alumnos.
Mónica Marquina, investigadora y directora del programa de Calidad de la Secretaría de Políticas Universitarias, disiente: “Prefiero hablar de calidad y no de eficacia, lo que permite dar lugar a un amplio espectro de acciones que vienen realizando las universidades, y que deben ser acompañadas por políticas de Estado”.
Para Marquina, “la universidad puede colaborar en hacer más fluida la brecha que hay entre la secundaria y el nivel superior, y trabajar con ayuda del Estado en acciones como tutorías, enseñanza por medio de resolución de problemas o nuevas tecnologías”. Marquina sostiene que, aunque aún son bajos, los indicadores de graduación se incrementaron en los últimos años. Y afirma que la educación universitaria debe concebirse “como un derecho, y no como un privilegio y un cálculo de costo-beneficio”.
Por su parte, Julieta Claverie, investigadora de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, advierte que el problema de la baja graduación no demuestra mejoras significativas en los últimos años: “La universidad debe cuestionarse a sí misma, en cuanto a las prácticas de enseñanza que reproduce y las estrategias que aplica para favorecer la permanencia y la graduación”. De todas formas, para Claverie “hay que darles tiempo a las universidades creadas en las últimas décadas, que pueden facilitar el éxito a los estudiantes que hasta ahora debían movilizarse para acceder a estudios superiores”.
Para Claverie, la solución no pasa por restringir el acceso, lo que implicaría dejar fuera a los sectores sociales desfavorecidos. El desafío, sostiene, es repensar la universidad y poner el foco en los aspectos curriculares y didácticos. Algunas propuestas: "Redefinir los planes de estudio, ordenar los horarios de cursada, incentivar el mantenimiento de cohortes para favorecer el intercambio grupal entre alumnos, cuestionar las prácticas didácticas y los dispositivos de apoyo a la enseñanza como tutorías y becas".
En términos absolutos, las universidades privadas representan solo el 22% de la matrícula universitaria. En 2014 las privadas tenían 403.373 alumnos; las públicas, 1.468.072. Sin embargo, ese mismo año las privadas aportaron un tercio de los graduados: 39.079, contra 81.552 en las públicas. ¿Qué factores explican esta diferencia?.
“En el sistema público, al no tener un proceso de selección externo a través de un examen de ingreso, la selección de alumnos se realiza dentro de la propia universidad. Esto provoca una mayor tasa de deserción; es una particularidad intrínseca del modelo”, señala Marcelo Rabossi, investigador de la Universidad Di Tella. En esto coincide con Alieto Guadagni, director del CEA, quien subraya que en los países con examen de ingreso los estudiantes "llegan mejor preparados a la universidad porque estudian más en la secundaria".
Para Rabossi, además, hay una influencia del factor económico: “En el sector público, permanecer como alumno por encima del tiempo teórico de finalización de la carrera, o cambiar de carrera una y otra vez, no tiene un costo monetario. En el privado, sí”.
Rabossi también menciona diferencias organizacionales: “Se percibe un mayor control y un seguimiento más personalizado en las privadas. Resulta lógico: ahí perder un alumno es costoso en términos monetarios, mientras que este aspecto no afecta mayormente a las públicas”. Además, el especialista sostiene que la “mayor conflictividad” de las públicas, sea por reclamos docentes o conflictos administrativos, también puede funcionar como un factor de “expulsión” para ciertos alumnos.
Mónica Marquina, investigadora y directora del programa de Calidad de la Secretaría de Políticas Universitarias, disiente: “Prefiero hablar de calidad y no de eficacia, lo que permite dar lugar a un amplio espectro de acciones que vienen realizando las universidades, y que deben ser acompañadas por políticas de Estado”.
Para Marquina, “la universidad puede colaborar en hacer más fluida la brecha que hay entre la secundaria y el nivel superior, y trabajar con ayuda del Estado en acciones como tutorías, enseñanza por medio de resolución de problemas o nuevas tecnologías”. Marquina sostiene que, aunque aún son bajos, los indicadores de graduación se incrementaron en los últimos años. Y afirma que la educación universitaria debe concebirse “como un derecho, y no como un privilegio y un cálculo de costo-beneficio”.
Por su parte, Julieta Claverie, investigadora de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, advierte que el problema de la baja graduación no demuestra mejoras significativas en los últimos años: “La universidad debe cuestionarse a sí misma, en cuanto a las prácticas de enseñanza que reproduce y las estrategias que aplica para favorecer la permanencia y la graduación”. De todas formas, para Claverie “hay que darles tiempo a las universidades creadas en las últimas décadas, que pueden facilitar el éxito a los estudiantes que hasta ahora debían movilizarse para acceder a estudios superiores”.
Para Claverie, la solución no pasa por restringir el acceso, lo que implicaría dejar fuera a los sectores sociales desfavorecidos. El desafío, sostiene, es repensar la universidad y poner el foco en los aspectos curriculares y didácticos. Algunas propuestas: "Redefinir los planes de estudio, ordenar los horarios de cursada, incentivar el mantenimiento de cohortes para favorecer el intercambio grupal entre alumnos, cuestionar las prácticas didácticas y los dispositivos de apoyo a la enseñanza como tutorías y becas".
Con información de
Clarin
