El fallo de la Corte Suprema pone en entredicho mucho más que el plan fiscal del Gobierno. Arroja un gran interrogante sobre la solvencia de la mesa que define las iniciativas centrales del gobierno de Macri. Hasta esta mañana en la Casa Rosadadesconocían aspectos medulares del pronunciamiento del máximo tribunal.
Esta ignorancia no se debía a un estoico espíritu republicano que los constreñía a mantenerse ajenos a la decisión de otro poder, sino todo lo contrario: La multiciplicidad de interlocutores, habilitados, institucionales, voluntaristas y lanzados, que Macri dejó operar sobre la Corte.
Una desprolijidad que se puede notar en cuatro caras que son cuatro métodos de aproximación distintos, que lejos de potenciarse en una estrategia común, generaron tanto ruido en la línea que la Casa Rosada terminó perdida en el laberinto que por acción y omisión terminó edificando.
Carrió, Angelici, Sanz y Garavano son las cuatro caras más visibles de la caótica y contradictoria operación del Gobierno sobre la Corte, que lejos de confluir en una estrategia común, terminaron edificando un laberinto.
Carrió amenazó al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con denuncias tremendas sobre su supuesto enriquecimiento ilícito. La cara del castigo. Sanz ofreció el sutil acercamiento del amable componedor. Garavano se plantó en una posición institucional-académica digna de Suiza y Angelici ofreció el código siciliano de camaradería tóxica. Todo al mismo tiempo.
El fallo abre la puerta para una anulación total no sólo del tarifazo del gas sino de los incrementos ya ejecutados de luz y telefonía fija, al exigir audiencia pública para disponer cualquier aumento de un servicio público. Con el riesgo posible que industria y comercios hoy no exceptuados por al incremento del gas, reclamen el mismo beneficio que los residenciales, ya que se les aplicará el aumento sin las audiencias que exigió la Corte.
Es una derrota central para el programa económico de Macri que golpea en el plano fiscal, envía una mala señal a potenciales inversores y demora la normalización del área energética, como bien analizó Dante Sica.
Conocido el fallo las empresas de energía ya hablaban de la imperiosa necesidad de un salvataje del Gobierno. Las eléctricas que siguen con la tarifa suspendida advierten que en dos meses entran en quiebra y las gasíferas, como anticipó LPO, planean pedirle créditos subsidiados al Banco Nación.
Pero el lado más nocivo del fallo es que deja en evidencia la mala planificación del Gobierno de una medida que el kirchnerismo tomó, de manera mucho más acotada, en dos ocasiones -2004 y 2014-, sin que la Corte se sintiera agraviada por la ausencia de audiencias públicas ¿Qué falló esta vez?
No se midió el impacto político y social del tarifazo y una vez en conflicto, se avanzó en una estrategia de “todo o nada”, una idea que por cierto es la antítesis de la política y muy contradictoria con un Gobierno que se propone como un regreso a la “normalidad” luego del confrontacionismo de Cristina.
El radical Mario Negri, como si conociera el fallo, un día antes había reclamado a Macri que se olvidara de la Corte y resolviera el tema políticamente. La sugerencia no es superficial: El Gobierno resignó autoridad al sacarse de encima el problema; apostando a tercerizar los costos de una medida impopular. La Corte le devolvió la gentileza y aprovechó para hacer un poco de populismo y quedar bien con los afectados por el incremento.
O sea, pasaron diez meses y el Gobierno está donde empezó. Un cuarto del mandato de Macri concluye sin que esté resuelto un requisito básico de normalización de la macro, un poco por ingenuidad y otro poco por cierta displicencia, que empieza a ser un lugar común en todos los errores no forzados que la actual administración comete.