Opinión
El chavismo y el Estado
Martes 09 de
Abril 2013 - 16:56
Por Jorge Altamira / 19 de marzo 2013
Las distintas “misiones”, de carácter social, que distinguieron la acción del gobierno de Chávez fueron elogiadas incluso por sus adversarios más enconados, quienes -de todos modos- les imputan un fenomenal derroche de dinero y la intervención de Cuba, por el efecto que se le adjudica en la redistribución de los ingresos.
Los emprendimientos que alcanzaron mayor reputación fueron los de educación, salud y vivienda.
Más allá de cualquier otra consideración sobre ellas, se trata de iniciativas paraestatales; ignoran la estructura del Estado en esos mismos rubros. Los K, en Argentina, intentaron una parodia de las “misiones”, como sería el caso de los ‘sueños compartidos’ de la Fundación de Madres, o algunas ‘misiones’ camporistas en las barriadas (clientelismo social). En lugar de destruir el viejo aparato del Estado y transformarlo, lo ‘puentea’ -o sea que lo conserva. Una consecuencia de esta aproximación conservadora ha sido el deterioro del presupuesto oficial destinado a hospitales o escuelas ya existentes, y la desvalorización de la fuerza de trabajo docente o de la salud. Esto explica las luchas constantes de estos sectores contra el gobierno, así como el alineamiento de muchos de ellos con la oposición de derecha o con la burocracia sindical anterior al chavismo. Se puede decir lo mismo del movimiento estudiantil: se construyeron numerosas universidades chavistas a expensas de las públicas ya existentes, las cuales son autónomas. El aparente radicalismo social ha dejado en pie el Estado, que de otro modo habría debido pasar a manos de los trabajadores.
Algo similar se puede decir del “poder comunal”. Las “comunas” puentean a los municipios y gobernaciones -operan en forma paralela al aparato del Estado que la Constitución chavista no hizo más que ratificar. El “poder comunal” no es la base del poder estatal, que siempre fue un monopolio de Chávez y su círculo cívico-militar. Las “comunas” desarrollan un “presupuesto participativo”, el cual es aportado por el Estado nacional. Son sucursales del poder central -o sea, del poder personal. Una cosa muy diferente es que sean el órgano deliberativo local que determina la orientación del poder nacional, como pretendió el sistema de soviets en Rusia, las Juntas en España (1936/7), los tribunales revolucionarios y el “ejército rebelde” en Cuba (1959) o los räten (consejos obreros) en Alemania (1919/23).
Lejos de ser la expresión del poder popular, misiones y comunas constituyen una correa de transmisión del Ejecutivo nacional, en especial allí donde intendentes y gobernadores son de la oposición. El chavismo fue creando una suerte de doble poder verdaderamente ‘sui géneris’: entre el aparato bonapartista que fue creando el ejecutivo nacional, por un lado, y el aparato que reconoce la Constitución formalmente. Cuando emergen condiciones de escasez, las comunas oscilan entre expresar las reivindicaciones de la población o actuar contra las protestas populares.
Así como el socialismo chavista tiene un difuso carácter distributivo, pero no revolucionario en las formas de propiedad; ese socialismo en política es un ropaje del bonapartismo, ya aplicado -en sus formas específicas- por los regímenes bonapartistas en todo el mundo en los últimos doscientos años.
Los emprendimientos que alcanzaron mayor reputación fueron los de educación, salud y vivienda.
Más allá de cualquier otra consideración sobre ellas, se trata de iniciativas paraestatales; ignoran la estructura del Estado en esos mismos rubros. Los K, en Argentina, intentaron una parodia de las “misiones”, como sería el caso de los ‘sueños compartidos’ de la Fundación de Madres, o algunas ‘misiones’ camporistas en las barriadas (clientelismo social). En lugar de destruir el viejo aparato del Estado y transformarlo, lo ‘puentea’ -o sea que lo conserva. Una consecuencia de esta aproximación conservadora ha sido el deterioro del presupuesto oficial destinado a hospitales o escuelas ya existentes, y la desvalorización de la fuerza de trabajo docente o de la salud. Esto explica las luchas constantes de estos sectores contra el gobierno, así como el alineamiento de muchos de ellos con la oposición de derecha o con la burocracia sindical anterior al chavismo. Se puede decir lo mismo del movimiento estudiantil: se construyeron numerosas universidades chavistas a expensas de las públicas ya existentes, las cuales son autónomas. El aparente radicalismo social ha dejado en pie el Estado, que de otro modo habría debido pasar a manos de los trabajadores.
Algo similar se puede decir del “poder comunal”. Las “comunas” puentean a los municipios y gobernaciones -operan en forma paralela al aparato del Estado que la Constitución chavista no hizo más que ratificar. El “poder comunal” no es la base del poder estatal, que siempre fue un monopolio de Chávez y su círculo cívico-militar. Las “comunas” desarrollan un “presupuesto participativo”, el cual es aportado por el Estado nacional. Son sucursales del poder central -o sea, del poder personal. Una cosa muy diferente es que sean el órgano deliberativo local que determina la orientación del poder nacional, como pretendió el sistema de soviets en Rusia, las Juntas en España (1936/7), los tribunales revolucionarios y el “ejército rebelde” en Cuba (1959) o los räten (consejos obreros) en Alemania (1919/23).
Lejos de ser la expresión del poder popular, misiones y comunas constituyen una correa de transmisión del Ejecutivo nacional, en especial allí donde intendentes y gobernadores son de la oposición. El chavismo fue creando una suerte de doble poder verdaderamente ‘sui géneris’: entre el aparato bonapartista que fue creando el ejecutivo nacional, por un lado, y el aparato que reconoce la Constitución formalmente. Cuando emergen condiciones de escasez, las comunas oscilan entre expresar las reivindicaciones de la población o actuar contra las protestas populares.
Así como el socialismo chavista tiene un difuso carácter distributivo, pero no revolucionario en las formas de propiedad; ese socialismo en política es un ropaje del bonapartismo, ya aplicado -en sus formas específicas- por los regímenes bonapartistas en todo el mundo en los últimos doscientos años.

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