Del informe del INDEC y de las mediciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, surge un crecimiento sustantivo de la desocupación y de los niveles de pobreza e indigencia, en coincidencia con lo que anticipaba el último informe del mes de junio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que destacaba la necesidad urgente de adoptar políticas activas del mercado de trabajo a los fines de resguardar los logros sociales adquiridos desde la década del 2000 en términos de inclusión social y calidad de trabajo. Asimismo, instituciones especializadas en el tema a nivel local como el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) dieron a conocer la necesidad de reforzar estas políticas activas a través de un mejoramiento de los programas públicos de intermediación laboral vigentes.

En este marco y a la luz de los resultados que hasta ahora arrojaron las políticas implementadas por el gobierno de Macri, surge un interrogante que genera malestar entre los trabajadores y que pone bajo amenaza a los numerosos logros sociales y laborales alcanzados en los últimos años: ¿qué medidas está tomando el gobierno nacional desde su cartera laboral para hacer frente a este grave panorama socio económico? ¿Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la más populosa y que aporta más del 30 por ciento del PBI?

Si vamos a lo concreto, lo cierto es que si bien el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de la administración Macri no ha mostrado señales de cambio en estas políticas, ya que se continúa observando la difusión de las mismas en el sitio web oficial, tampoco se ha efectuado una comunicación concreta, institucional y masiva que de muestra de una fuerte voluntad política de reforzar las mismas.

Todo lo contrario, no se han observado medidas precisas y claras que demuestren una actitud de compromiso real para hacer frente a esta situación socioeconómica. El anuncio de prácticas profesionalizantes en empresas, el impulso de un proyecto de ley de empleo joven, el veto de la ley antidespidos y los comunicados públicos que sostienen que la situación del empleo sigue siendo la misma que hace 5 años, son algunas de las acciones aisladas que se han observado durante el primer semestre de gobierno y que no denotan la presencia de aquel “enfoque integral” de políticas activas del mercado de trabajo que la OIT sugiere al respecto.

Paralelamente, la situación general de empleo aparece negativa. Si bien parte del gobierno ha remarcado que en lo que va del año, el Sistema Integrado Previsional Argentino marca una mejora en la situación de empleo, el ministro Triaca ha reconocido una merma del empleo y una cantidad de despidos cercana a los 110 mil.

A este negativo panorama se le suma la mirada preocupante de la Iglesia Católica, que en mayo de este año, durante la Semana Social organizada por la Pastoral Social en la que participaron, sindicalistas, empresarios, funcionarios y movimientos sociales, había advertido sobre la “fragilidad de la condición laboral de miles” de argentinos y sobre “situaciones de precarización” que afectan a “buena parte de los trabajadores”.

Al escenario descripto, se agregan las preocupantes declaraciones y definiciones formuladas por políticos y funcionarios, tanto del gobierno nacional como bonanerense, marcando su posición en materia de producción y empleo que nos permiten inferir un alarmante panorama hacía el futuro, comenzando por las declaraciones presidenciales sobre el elevado costo laboral argentino y su preocupación porque la justicia del fuero suele fallar a favor de los trabajadores. Y continuando por lo expresado por el Secretario de Empleo de la Nación, que se pronunció por una reconversión industrial con un enfoque direccionado exclusivamente a la competitividad y sin tener en cuenta para nada la pérdida de puestos de trabajo que ello conlleva aparejado.

Al Presidente de los argentinos le recordaría sus incumplidas promesas al pueblo argentino durante la campaña y tanto a él, como al Secretario de Empleo en particular, a todo el gabinete en general y a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, recordarles que se encuentran vigentes el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 39 de la Provincial que establecen la protección del trabajo, etc. y que a tenor de los mismos y de los pactos, tratados y convenios internacionales (art. 75 inciso 22 Constitución Nacional), antes de anunciar y/o adoptar ciertas decisiones sugerirles su lectura.

Por las consideraciones desarrolladas, no es muy difícil avizorar que nos encaminamos a una profundización del desempleo, a una aún mayor pérdida del poder adquisitivo del salario, entrando en un círculo vicioso de: menor consumo, más importación, mayor recesión, menor producción y como consecuencia de ello, pérdida de más puestos de trabajo.

Del informe del INDEC y de las mediciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, surge un crecimiento sustantivo de la desocupación y de los niveles de pobreza e indigencia, en coincidencia con lo que anticipaba el último informe del mes de junio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que destacaba la necesidad urgente de adoptar políticas activas del mercado de trabajo a los fines de resguardar los logros sociales adquiridos desde la década del 2000 en términos de inclusión social y calidad de trabajo. Asimismo, instituciones especializadas en el tema a nivel local como el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) dieron a conocer la necesidad de reforzar estas políticas activas a través de un mejoramiento de los programas públicos de intermediación laboral vigentes.

En este marco y a la luz de los resultados que hasta ahora arrojaron las políticas implementadas por el gobierno de Macri, surge un interrogante que genera malestar entre los trabajadores y que pone bajo amenaza a los numerosos logros sociales y laborales alcanzados en los últimos años: ¿qué medidas está tomando el gobierno nacional desde su cartera laboral para hacer frente a este grave panorama socio económico? ¿Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la más populosa y que aporta más del 30 por ciento del PBI?

Si vamos a lo concreto, lo cierto es que si bien el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de la administración Macri no ha mostrado señales de cambio en estas políticas, ya que se continúa observando la difusión de las mismas en el sitio web oficial, tampoco se ha efectuado una comunicación concreta, institucional y masiva que de muestra de una fuerte voluntad política de reforzar las mismas.

Todo lo contrario, no se han observado medidas precisas y claras que demuestren una actitud de compromiso real para hacer frente a esta situación socioeconómica. El anuncio de prácticas profesionalizantes en empresas, el impulso de un proyecto de ley de empleo joven, el veto de la ley antidespidos y los comunicados públicos que sostienen que la situación del empleo sigue siendo la misma que hace 5 años, son algunas de las acciones aisladas que se han observado durante el primer semestre de gobierno y que no denotan la presencia de aquel “enfoque integral” de políticas activas del mercado de trabajo que la OIT sugiere al respecto.

Paralelamente, la situación general de empleo aparece negativa. Si bien parte del gobierno ha remarcado que en lo que va del año, el Sistema Integrado Previsional Argentino marca una mejora en la situación de empleo, el ministro Triaca ha reconocido una merma del empleo y una cantidad de despidos cercana a los 110 mil.

A este negativo panorama se le suma la mirada preocupante de la Iglesia Católica, que en mayo de este año, durante la Semana Social organizada por la Pastoral Social en la que participaron, sindicalistas, empresarios, funcionarios y movimientos sociales, había advertido sobre la “fragilidad de la condición laboral de miles” de argentinos y sobre “situaciones de precarización” que afectan a “buena parte de los trabajadores”.

Al escenario descripto, se agregan las preocupantes declaraciones y definiciones formuladas por políticos y funcionarios, tanto del gobierno nacional como bonanerense, marcando su posición en materia de producción y empleo que nos permiten inferir un alarmante panorama hacía el futuro, comenzando por las declaraciones presidenciales sobre el elevado costo laboral argentino y su preocupación porque la justicia del fuero suele fallar a favor de los trabajadores. Y continuando por lo expresado por el Secretario de Empleo de la Nación, que se pronunció por una reconversión industrial con un enfoque direccionado exclusivamente a la competitividad y sin tener en cuenta para nada la pérdida de puestos de trabajo que ello conlleva aparejado.

Al Presidente de los argentinos le recordaría sus incumplidas promesas al pueblo argentino durante la campaña y tanto a él, como al Secretario de Empleo en particular, a todo el gabinete en general y a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, recordarles que se encuentran vigentes el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 39 de la Provincial que establecen la protección del trabajo, etc. y que a tenor de los mismos y de los pactos, tratados y convenios internacionales (art. 75 inciso 22 Constitución Nacional), antes de anunciar y/o adoptar ciertas decisiones sugerirles su lectura.

Por las consideraciones desarrolladas, no es muy difícil avizorar que nos encaminamos a una profundización del desempleo, a una aún mayor pérdida del poder adquisitivo del salario, entrando en un círculo vicioso de: menor consumo, más importación, mayor recesión, menor producción y como consecuencia de ello, pérdida de más puestos de trabajo.