Espionaje a jueces: descubrieron más líneas truchas a nombre de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti
Por:
Patricia Blanco
Martes 18 de
Julio 2023
Santiago Machado se convirtió en el primer procesado con prisión preventiva en la causa. Nelly Valdés quedó sobreseída. Ahora, buscan a un nuevo sospechoso. También están presos el hacker Nunes Pinheiro y el ex policía Ariel Zanchetta. Ordenaron a la ENACOM tomar medidas
La investigación por el espionaje a jueces de la Corte Suprema y Comodoro Py 2002 sigue disparando interrogantes, con la mira puesta en saber quién está detrás de la maniobra. Ahora, un informe de Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJUDECO) detectó que ya no eran solo cinco las líneas inventadas a nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en la firma Personal. Resulta que aparecieron tres líneas más a su nombre en la firma Claro. También se detectó una línea a nombre del juez Ricardo Lorenzetti en Movistar que fue creada a fines de octubre pasado, revelaron a Infobae fuentes con acceso a la causa. A Carlos Rosenkrantz ya le habían fabricado también una línea “trucha” conectada a Rosatti. Al ministro Juan Carlos Maqueda, hasta ahora, no le detectaron ninguna.
Así surge de la profundización de las diligencias ordenadas en la causa, en donde además ya se corroboró que la jueza federal de Posadas Verónica Skanatta fue una víctima más de estas maniobras. En su caso, además, el perjuicio fue económico: ella pagó las facturas que le llegaron a su nombre. Trascendió que, aunque le llamó la atención el gasto, creyó que era culpa de sus hijos adolescentes que se habían excedido en el uso del celular.
Pero el análisis de estos hechos permitió detectar que políticos de Misiones también fueron blanco de las estafas con fines poco claros. Es que al comenzar a tirar del hilo que disparó la denuncia inicial de Rosatti, la Justicia comprobó que también armaron varias líneas a nombre del gobernador de la provincia Alberto Herrera Ahuad, y una vinculada al vicepresidente de la Cámara de Representantes de la provincia, Hugo Mario Passalacqua, que resulta ser el sucesor de Herrera Ahuad, según detectó el último informe de la DAJUDECO.
Qué hay detrás de estas maniobras todavía es un misterio. Pero lo que la investigación del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita permitió demostrar que es que desde Misiones no solo se hackearon celulares de jueces claves de Comodoro Py sino que también hubo un festival de líneas truchas a nombre de tres de los cuatro jueces de la Corte Suprema.
“Corresponde poner en conocimiento del Ente Nacional de Comunicaciones –ENACOM- acerca de la existencia de las maniobras ilícitas que se investigan en este proceso, a los efectos de que, en atención a la situación descripta, adopten los recaudos necesarios para maximizar los mecanismos de control implementados por las empresas prestadoras de los servicios de comunicaciones móviles en los procesos de activación/alta de líneas telefónicas, con el propósito de evitar que los hechos reseñados puedan repetirse, e impedir la eventual comisión de nuevos delitos”, advirtió el juez en la resolución a la que accedió Infobae.
Las líneas de Personal activadas a nombre de Rosatti que se detectaron hasta ahora habían sido creadas entre diciembre y febrero. No hay detalles aún de qué fecha son las otras líneas que se descubrieron ahora. El informe detalla que las líneas detectadas en Claro son seis, pero tres fueron reconocidas por el ministro de la Corte como pertenecientes a su entorno familiar. Es decir: se habían ‘truchado’ en total 8 líneas a su nombre.
El propio Lorenzetti se había comunicado con Martínez De Giorgi para denunciar que al menos dos personas recibieron llamadas desde una línea invocando su nombre. Los informes confirmaron que la línea trucha del juez de la Corte se creó el 31 de octubre. Ese día le hackearon el teléfono a Andrés Basso, uno de los integrantes del tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A su colega Rodrigo Giménez Uriburu ya le habían hackeado la línea el 8 de septiembre, el mismo día que al juez de Casación Mariano Borinsky. En octubre le pasó lo mismo a su par de Casación Gustavo Hornos.
Eso está siendo investigado, de manera conexa, a esta causa. Es que se sospecha que todo fue parte de un mismo cuadro que puso en la mira a magistrados de causas claves y sus teléfonos. Por esa segunda investigación están detenidos el hacker misionero Ezequiel Nuñes Piñeyro, que admitió que un misterio sujeto por Telegram llamado “Eljuanxd” le encargó cambiar las tarjetas SIM de un grupo de celulares: no solo estaban el de los cuatro jueces hackeados sino también el del hoy precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio Diego Santilli y el del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Del teléfono de ese ex funcionario se difundieron supuestos chats que sirvieron para impulsar la investigación conta un grupo de jueces por un viaje a Lago Escondido y el juicio político contra la Corte Suprema.
La Cámara Federal rechazó la semana pasada excarcelar a Nuñes Piñeyro. El juez debe resolver su situación procesal. También la del detenido ex policía Ariel Zanchetta, quien justificando ser periodista hizo 2157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema.
A la causa se agregaron nuevas víctimas. Es que el mismo día que buscó los datos del juez de Casación Mariano Borinsky, al magistrado le hackearon el teléfono. Zanchetta también buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Además investigó a uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles. Precisamente, Robles se convirtió en querellante en esta causa en los últimos días.
Procesamiento y prisión preventiva
El juez Martínez De Giorgi procesó con prisión preventiva a uno de los detenidos por esta causa: Santiago Machado, un joven de Posadas desempleado, que a veces hace changas de albañilería y electricidad y que en su indagatoria dijo que no tenía nada que ver y que sólo le había prestado su celular a un amigo. Según explicó, el amigo ponía su chip en su equipo y usaba su teléfono porque tenía mejor señal. Explicó que su amigo a veces utilizaba su teléfono celular para usar Mercado Pago y otras cosas: “Él ponía otros chips que él usaba. Sucedía algunas veces en las que yo iba a su casa y nos juntábamos. Él usaba mi celular porque agarraba más señal que el suyo”, afirmó.
Sin embargo, las explicaciones no cierran. Y ahora no solo seguirá preso Machado sino que además buscan a su amigo, revelaron a Infobae fuentes judiciales. “El sabe de informática y reparación de celulares”, afirmó. Su nombre no será publicado por este medio para no perjudicar la investigación.
Fue Nelly Valdés, la mujer que ya fue liberada, y su hija, quien declaró como testigo, las que llegaron a explicar qué pasaba con los teléfonos. La joven fue la que dio el dato clave: el 19 de enero pasado encontró en un grupo de compraventa de Facebook, un usuario de nombre “Santiago Machado” que ofrecía chips de la firma Personal ya cargados y activados. La oferta era tentadora: desde 10 gigas a 500 pesos mensuales hasta “50 gigas por 2500 pesos”.
Lo contactó, hablaron por WhatsApp y acordaron el chip de 50 gigas. Se encontraron de noche, cerca de su casa, en la ruta 12. Aparecieron tres personas de entre 20 y 22 años. Uno de ellos le entregó el chip. Al mes se le acabó el crédito y lo volvió a llamar. “Él me dijo que ya estaba cargado el saldo, y acordamos un día para que yo le diera el pago en efectivo. Él no quería pagos por Mercado Pago. Entonces nos encontramos en el mismo lugar que antes, un mes después”, declaró la chica, de acuerdo a los documentos a los que accedió Infobae.
A su madre también le interesó. “Ella me pidió el número de WhatsApp, y yo le pasé. El chico vino a mi casa. Yo no estuve presente cuando fue a mi casa.” La madre, sin embargo, se terminó peleando porque la dejaron sin crédito. El dato que interesó a los investigadores es que el sujeto “le mencionó que podía recuperar Instagram, Facebook, Telegram, cuentas de Google. Es decir, que sabía hackear. Y le dijo que estaba estudiando para hackear PC, servicio por el cual cobraba 8.000 pesos”. La mujer incluso le compró un celular para uno de sus hijos.
En una ampliación indagatoria, le preguntaron a Machado sobre esta publicación que los contactó con Valdés y su hija, pero afirmó que todo lo había hecho a pedido de su amigo. “Le pregunté por qué y me dijo que era porque él quería vender gigas y eso, así que lo publiqué y a la persona que me hablaba consultando le pasaba su número para que le hablaran directo. Aparte de eso, él hacía otras cosas como hackear Instagram, vender seguidores en Instagram o hackear Facebook. Yo solo publicaba lo que él me decía y yo les compartía sus datos a los que preguntaban, nada más”. Y añadió: “hackeaba las redes sociales para ganar dinero y así irse de viaje. El es bueno en esto, estudió programación y por eso es que encontró la manera de ganarse la vida haciéndolo”.
Para el juez alcanzó para definir su procesamiento. “Las circunstancias señaladas permiten deducir que Santiago Abel Machado efectivamente tuvo en su poder y utilizó dichos equipos (IMEIS), en los cuales en diferentes momentos impactaron a su vez las líneas irregularmente obtenidas a nombre de los funcionarios y magistrados”. Sus explicaciones “constituyen un mero intento de mejorar su situación procesal y desligarse de responsabilidades en relación con las maniobras que aquí se investigan, que no resulta suficiente a efectos de desbaratar el amplio caudal probatorio reunido en su contra”. Y añadió: “de la versión de Machado emergen serias contradicciones, de modo que su objetivo no sería otro que intentar desligarse de la acusación”.
El delito por el que fue procesado es el de estafa, castigado con hasta 6 años de prisión. “Machado actuó con decisión de adquirir los abonados telefónicos de mención, y estafar así tanto a la personas ofendidas –a cuyo nombre se dieron de alta las aludidas líneas, pese a que no prestaron el debido consentimiento-, como a la empresa prestataria Telecom Argentina SA, dirigiendo sus actos a un fin determinado. En definitiva, en el caso aquí involucrado quedó demostrado que el nombrado gestionó las líneas telefónicas a nombre de magistrados y funcionarios públicos, como medio para consumar el objetivo final, esto es, la obtención de crédito para utilizar en aquellos abonados ilegítimos”.
En la causa, sin embargo, se investiga una asociación ilícita por la que fueron imputados Zanchetta y el hacker Nuñes Piñheiro. Otra suerte corrió Nelly Valdés, que había sido detenida el mismo día que Machado en Posadas y fue excarcelada por Martínez de Giorgi. El jueves pasado, la Cámara Federal había validado su libertad, pero condicionada al pago de una fianza y la colocación de una tobillera electrónica. El juez, sin embargo, entendió que las sospechas en su contra habían caído.
“Analizados los informes técnicos y el tenor de las comunicaciones/SMS/mensajes de texto obtenidos, se evidencia que la nombrada efectivamente utilizó las líneas que traficaron en los dispositivos mencionados, destinándolas para cuestiones de índole personal -aseguró el fallo-. Las explicaciones brindadas por la Sra. Valdés resultan verosímiles y respaldadas por las probanzas reunidas, a la vez que quedó demostrado a partir de todo ello que no participó de las maniobras por las cuales se obtuvieron líneas telefónicas ilegítimas a nombre de los magistrados”.
Así surge de la profundización de las diligencias ordenadas en la causa, en donde además ya se corroboró que la jueza federal de Posadas Verónica Skanatta fue una víctima más de estas maniobras. En su caso, además, el perjuicio fue económico: ella pagó las facturas que le llegaron a su nombre. Trascendió que, aunque le llamó la atención el gasto, creyó que era culpa de sus hijos adolescentes que se habían excedido en el uso del celular.
Pero el análisis de estos hechos permitió detectar que políticos de Misiones también fueron blanco de las estafas con fines poco claros. Es que al comenzar a tirar del hilo que disparó la denuncia inicial de Rosatti, la Justicia comprobó que también armaron varias líneas a nombre del gobernador de la provincia Alberto Herrera Ahuad, y una vinculada al vicepresidente de la Cámara de Representantes de la provincia, Hugo Mario Passalacqua, que resulta ser el sucesor de Herrera Ahuad, según detectó el último informe de la DAJUDECO.
Qué hay detrás de estas maniobras todavía es un misterio. Pero lo que la investigación del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita permitió demostrar que es que desde Misiones no solo se hackearon celulares de jueces claves de Comodoro Py sino que también hubo un festival de líneas truchas a nombre de tres de los cuatro jueces de la Corte Suprema.
“Corresponde poner en conocimiento del Ente Nacional de Comunicaciones –ENACOM- acerca de la existencia de las maniobras ilícitas que se investigan en este proceso, a los efectos de que, en atención a la situación descripta, adopten los recaudos necesarios para maximizar los mecanismos de control implementados por las empresas prestadoras de los servicios de comunicaciones móviles en los procesos de activación/alta de líneas telefónicas, con el propósito de evitar que los hechos reseñados puedan repetirse, e impedir la eventual comisión de nuevos delitos”, advirtió el juez en la resolución a la que accedió Infobae.
Las líneas de Personal activadas a nombre de Rosatti que se detectaron hasta ahora habían sido creadas entre diciembre y febrero. No hay detalles aún de qué fecha son las otras líneas que se descubrieron ahora. El informe detalla que las líneas detectadas en Claro son seis, pero tres fueron reconocidas por el ministro de la Corte como pertenecientes a su entorno familiar. Es decir: se habían ‘truchado’ en total 8 líneas a su nombre.
El propio Lorenzetti se había comunicado con Martínez De Giorgi para denunciar que al menos dos personas recibieron llamadas desde una línea invocando su nombre. Los informes confirmaron que la línea trucha del juez de la Corte se creó el 31 de octubre. Ese día le hackearon el teléfono a Andrés Basso, uno de los integrantes del tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A su colega Rodrigo Giménez Uriburu ya le habían hackeado la línea el 8 de septiembre, el mismo día que al juez de Casación Mariano Borinsky. En octubre le pasó lo mismo a su par de Casación Gustavo Hornos.
Eso está siendo investigado, de manera conexa, a esta causa. Es que se sospecha que todo fue parte de un mismo cuadro que puso en la mira a magistrados de causas claves y sus teléfonos. Por esa segunda investigación están detenidos el hacker misionero Ezequiel Nuñes Piñeyro, que admitió que un misterio sujeto por Telegram llamado “Eljuanxd” le encargó cambiar las tarjetas SIM de un grupo de celulares: no solo estaban el de los cuatro jueces hackeados sino también el del hoy precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio Diego Santilli y el del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Del teléfono de ese ex funcionario se difundieron supuestos chats que sirvieron para impulsar la investigación conta un grupo de jueces por un viaje a Lago Escondido y el juicio político contra la Corte Suprema.
La Cámara Federal rechazó la semana pasada excarcelar a Nuñes Piñeyro. El juez debe resolver su situación procesal. También la del detenido ex policía Ariel Zanchetta, quien justificando ser periodista hizo 2157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema.
A la causa se agregaron nuevas víctimas. Es que el mismo día que buscó los datos del juez de Casación Mariano Borinsky, al magistrado le hackearon el teléfono. Zanchetta también buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Además investigó a uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles. Precisamente, Robles se convirtió en querellante en esta causa en los últimos días.
Procesamiento y prisión preventiva
El juez Martínez De Giorgi procesó con prisión preventiva a uno de los detenidos por esta causa: Santiago Machado, un joven de Posadas desempleado, que a veces hace changas de albañilería y electricidad y que en su indagatoria dijo que no tenía nada que ver y que sólo le había prestado su celular a un amigo. Según explicó, el amigo ponía su chip en su equipo y usaba su teléfono porque tenía mejor señal. Explicó que su amigo a veces utilizaba su teléfono celular para usar Mercado Pago y otras cosas: “Él ponía otros chips que él usaba. Sucedía algunas veces en las que yo iba a su casa y nos juntábamos. Él usaba mi celular porque agarraba más señal que el suyo”, afirmó.
Sin embargo, las explicaciones no cierran. Y ahora no solo seguirá preso Machado sino que además buscan a su amigo, revelaron a Infobae fuentes judiciales. “El sabe de informática y reparación de celulares”, afirmó. Su nombre no será publicado por este medio para no perjudicar la investigación.
Fue Nelly Valdés, la mujer que ya fue liberada, y su hija, quien declaró como testigo, las que llegaron a explicar qué pasaba con los teléfonos. La joven fue la que dio el dato clave: el 19 de enero pasado encontró en un grupo de compraventa de Facebook, un usuario de nombre “Santiago Machado” que ofrecía chips de la firma Personal ya cargados y activados. La oferta era tentadora: desde 10 gigas a 500 pesos mensuales hasta “50 gigas por 2500 pesos”.
Lo contactó, hablaron por WhatsApp y acordaron el chip de 50 gigas. Se encontraron de noche, cerca de su casa, en la ruta 12. Aparecieron tres personas de entre 20 y 22 años. Uno de ellos le entregó el chip. Al mes se le acabó el crédito y lo volvió a llamar. “Él me dijo que ya estaba cargado el saldo, y acordamos un día para que yo le diera el pago en efectivo. Él no quería pagos por Mercado Pago. Entonces nos encontramos en el mismo lugar que antes, un mes después”, declaró la chica, de acuerdo a los documentos a los que accedió Infobae.
A su madre también le interesó. “Ella me pidió el número de WhatsApp, y yo le pasé. El chico vino a mi casa. Yo no estuve presente cuando fue a mi casa.” La madre, sin embargo, se terminó peleando porque la dejaron sin crédito. El dato que interesó a los investigadores es que el sujeto “le mencionó que podía recuperar Instagram, Facebook, Telegram, cuentas de Google. Es decir, que sabía hackear. Y le dijo que estaba estudiando para hackear PC, servicio por el cual cobraba 8.000 pesos”. La mujer incluso le compró un celular para uno de sus hijos.
En una ampliación indagatoria, le preguntaron a Machado sobre esta publicación que los contactó con Valdés y su hija, pero afirmó que todo lo había hecho a pedido de su amigo. “Le pregunté por qué y me dijo que era porque él quería vender gigas y eso, así que lo publiqué y a la persona que me hablaba consultando le pasaba su número para que le hablaran directo. Aparte de eso, él hacía otras cosas como hackear Instagram, vender seguidores en Instagram o hackear Facebook. Yo solo publicaba lo que él me decía y yo les compartía sus datos a los que preguntaban, nada más”. Y añadió: “hackeaba las redes sociales para ganar dinero y así irse de viaje. El es bueno en esto, estudió programación y por eso es que encontró la manera de ganarse la vida haciéndolo”.
Para el juez alcanzó para definir su procesamiento. “Las circunstancias señaladas permiten deducir que Santiago Abel Machado efectivamente tuvo en su poder y utilizó dichos equipos (IMEIS), en los cuales en diferentes momentos impactaron a su vez las líneas irregularmente obtenidas a nombre de los funcionarios y magistrados”. Sus explicaciones “constituyen un mero intento de mejorar su situación procesal y desligarse de responsabilidades en relación con las maniobras que aquí se investigan, que no resulta suficiente a efectos de desbaratar el amplio caudal probatorio reunido en su contra”. Y añadió: “de la versión de Machado emergen serias contradicciones, de modo que su objetivo no sería otro que intentar desligarse de la acusación”.
El delito por el que fue procesado es el de estafa, castigado con hasta 6 años de prisión. “Machado actuó con decisión de adquirir los abonados telefónicos de mención, y estafar así tanto a la personas ofendidas –a cuyo nombre se dieron de alta las aludidas líneas, pese a que no prestaron el debido consentimiento-, como a la empresa prestataria Telecom Argentina SA, dirigiendo sus actos a un fin determinado. En definitiva, en el caso aquí involucrado quedó demostrado que el nombrado gestionó las líneas telefónicas a nombre de magistrados y funcionarios públicos, como medio para consumar el objetivo final, esto es, la obtención de crédito para utilizar en aquellos abonados ilegítimos”.
En la causa, sin embargo, se investiga una asociación ilícita por la que fueron imputados Zanchetta y el hacker Nuñes Piñheiro. Otra suerte corrió Nelly Valdés, que había sido detenida el mismo día que Machado en Posadas y fue excarcelada por Martínez de Giorgi. El jueves pasado, la Cámara Federal había validado su libertad, pero condicionada al pago de una fianza y la colocación de una tobillera electrónica. El juez, sin embargo, entendió que las sospechas en su contra habían caído.
“Analizados los informes técnicos y el tenor de las comunicaciones/SMS/mensajes de texto obtenidos, se evidencia que la nombrada efectivamente utilizó las líneas que traficaron en los dispositivos mencionados, destinándolas para cuestiones de índole personal -aseguró el fallo-. Las explicaciones brindadas por la Sra. Valdés resultan verosímiles y respaldadas por las probanzas reunidas, a la vez que quedó demostrado a partir de todo ello que no participó de las maniobras por las cuales se obtuvieron líneas telefónicas ilegítimas a nombre de los magistrados”.
