PILAR
Crisis institucional en Pilar: tres intendentes en lo que va del mes
Domingo 18 de
Febrero 2018
Ahora dejará el cargo quien reemplaza al funcionario detenido. Asumirá el vice del Concejo Deliberante.
El avance en la causa en la que se investiga la venta de terrenos públicos en Pilar, en el marco de una supuesta estafa por unos 50 millones de pesos, desgarró el normal funcionamiento del sistema político local.
Tras la detención del intendente Diego Bechis, el pasado 7 de febrero, debió ocupar su cargo el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Botta. Así lo prevé la Ley Orgánica Municipal en su artículo 43.
Bechis está imputado por los delitos de administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad, aunque se lo detuvo por obstruir la investigación y por alterar pruebas, según se indicó.
Además, las amenazas sufridas por la fiscal Patricia Baulies, a cargo de la investigación, también fueron valoradas a la hora de dictarle la prisión preventiva.
Luego de menos de dos semanas a cargo del Ejecutivo, Botta dejará la intendencia para que la asuma el vicepresidente del Concejo Deliberante, Rodolfo Rodríguez, según lo reconoció el propio Botta.
Todo se da en el marco de una fuerte interna dentro del espacio de Bechis, en el que al menos habría dos facciones, explicó un excolaborador del municipio.
Según dijo, Botta no cuenta con el apoyo de muchos bechistas. “Hasta le negaron el acceso al despacho de la Intendencia”, deslizó la fuente.
“El próximo lunes a las 9.30 habrá una sesión preparatoria en el Concejo Deliberante en la que Rodríguez presentará su licencia como concejal para hacerse cargo del Ejecutivo”, explicó un edil de la oposición. Ese día Botta volverá a la presidencia del cuerpo legislativo.
Hasta que tenga lugar esta reunión, Botta seguirá siendo el intendente interino.
¿Un cuarto intendente?
El nombramiento de Rodríguez a cargo del Ejecutivo municipal podría ser sólo un parche en la grave crisis institucional que vive esta ciudad del departamento Río Segundo.
Es que Rodríguez, al igual que otros ediles, está imputado en la misma causa, dado que fueron quienes aprobaron la ordenanza que autorizó la venta que luego se objetó por irregular.
Si la causa es elevada a juicio, tal como lo prevé Baulies, todos los imputados serán suspendidos en sus cargos y deberá ocupar la intendencia otro edil, según lo fija la Ley Orgánica en su artículo 112.
En la Fiscalía aseguran que el expediente ya está listo para ser elevado a juicio. De ser así, la jueza de Control tendrá que ratificar el pedido de la fiscal.
“Si esto ocurre, la defensa puede apelar la medida en la Cámara de Acusación, que no debería tardar mucho tiempo en expedirse, dado que se trata de una causa con presos”, señaló alguien cercano a la investigación.
En Tribunales nadie se anima a arriesgar una fecha exacta para que la elevación a juicio quede firme, pero se coincide en que puede ser “pronto”, por lo que un escenario en el que se tenga que nombrar a un nuevo intendente interino no parece descabellado.
55 millones de pesos
La causa se inició por una denuncia de dos ediles de la oposición, después de que el Concejo Deliberante aprobó la venta de 11 hectáreas de la costanera de la ciudad en una sesión extraordinaria. La ordenanza que permitió la operación fijó el precio de venta de las tierras en un millón de pesos.
El bajo valor, según se justificó, se debía a que se trataba de tierras inundables no aptas para la construcción. Sin embargo, un peritaje ordenado por la Justicia determinó que la tasación oficial de la tierra ascendía a 56 millones de pesos.
Tras la detención del intendente Diego Bechis, el pasado 7 de febrero, debió ocupar su cargo el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Botta. Así lo prevé la Ley Orgánica Municipal en su artículo 43.
Bechis está imputado por los delitos de administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad, aunque se lo detuvo por obstruir la investigación y por alterar pruebas, según se indicó.
Además, las amenazas sufridas por la fiscal Patricia Baulies, a cargo de la investigación, también fueron valoradas a la hora de dictarle la prisión preventiva.
Luego de menos de dos semanas a cargo del Ejecutivo, Botta dejará la intendencia para que la asuma el vicepresidente del Concejo Deliberante, Rodolfo Rodríguez, según lo reconoció el propio Botta.
Todo se da en el marco de una fuerte interna dentro del espacio de Bechis, en el que al menos habría dos facciones, explicó un excolaborador del municipio.
Según dijo, Botta no cuenta con el apoyo de muchos bechistas. “Hasta le negaron el acceso al despacho de la Intendencia”, deslizó la fuente.
“El próximo lunes a las 9.30 habrá una sesión preparatoria en el Concejo Deliberante en la que Rodríguez presentará su licencia como concejal para hacerse cargo del Ejecutivo”, explicó un edil de la oposición. Ese día Botta volverá a la presidencia del cuerpo legislativo.
Hasta que tenga lugar esta reunión, Botta seguirá siendo el intendente interino.
¿Un cuarto intendente?
El nombramiento de Rodríguez a cargo del Ejecutivo municipal podría ser sólo un parche en la grave crisis institucional que vive esta ciudad del departamento Río Segundo.
Es que Rodríguez, al igual que otros ediles, está imputado en la misma causa, dado que fueron quienes aprobaron la ordenanza que autorizó la venta que luego se objetó por irregular.
Si la causa es elevada a juicio, tal como lo prevé Baulies, todos los imputados serán suspendidos en sus cargos y deberá ocupar la intendencia otro edil, según lo fija la Ley Orgánica en su artículo 112.
En la Fiscalía aseguran que el expediente ya está listo para ser elevado a juicio. De ser así, la jueza de Control tendrá que ratificar el pedido de la fiscal.
“Si esto ocurre, la defensa puede apelar la medida en la Cámara de Acusación, que no debería tardar mucho tiempo en expedirse, dado que se trata de una causa con presos”, señaló alguien cercano a la investigación.
En Tribunales nadie se anima a arriesgar una fecha exacta para que la elevación a juicio quede firme, pero se coincide en que puede ser “pronto”, por lo que un escenario en el que se tenga que nombrar a un nuevo intendente interino no parece descabellado.
55 millones de pesos
La causa se inició por una denuncia de dos ediles de la oposición, después de que el Concejo Deliberante aprobó la venta de 11 hectáreas de la costanera de la ciudad en una sesión extraordinaria. La ordenanza que permitió la operación fijó el precio de venta de las tierras en un millón de pesos.
El bajo valor, según se justificó, se debía a que se trataba de tierras inundables no aptas para la construcción. Sin embargo, un peritaje ordenado por la Justicia determinó que la tasación oficial de la tierra ascendía a 56 millones de pesos.
Con información de
lavoz
