Con la participación de autoridades del Consejo General de Educación (CGE) y la presencia de los representantes de la Comisión de Educación de la Cámara, mañana a las 18.30, los diputados radicales Pedro Ullua, Fuad Sosa y Julián Rubio quienes impulsan la iniciativa, expondrán la propuesta que buscará adherir a la Ley Nº 26.892, de Convivencia y Abordaje de la Conflictividad en la Escuela, sancionada el 11 de setiembre de 2013 por la Cámara de Diputados nacional, a partir de un proyecto de la diputada Mara Brawer.
 
Si bien hace dos años los legisladores aprobaron un Programa Educativo de Prevención del Bullying y el Maltrato entre Compañeros, elaborado por el diputado Antonio Alizegui, la idea ahora es establecer las bases para la promoción, la intervención institucional y la investigación y recopilación de las experiencias sobre la convivencia, así como el abordaje de la conflictividad social en las instituciones escolares de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tal y como lo promueve la normativa nacional.
 
Sosa, explicó a UNO: “Todavía no se han unificado los criterios, así que lo que queremos es exponer las propuestas y ver cuál es la mejor. Las autoridades del CGE darán a conocer un resumen de lo que se ha ido recogiendo en las escuelas de la provincia, y después se irá analizando la ley nacional, para ver qué modificaciones se requieren para su traslado a esta jurisdicción”.
 
Los representantes de Educación, brindarán su impresión sobre la problemática y después comenzará el análisis de la normativa nacional, para luego decidir si se le propone una adhesión integral o parcial.
 
“La iniciativa surge por todos los temas que tienen que ver con el maltrato en los chicos para abordar un poco más de cerca la problemática, sobre todo para fomentar la creación de un gabinete psicológico y que se le dé un nuevo abordaje, yo creo que es viable y que se podrá dar el voto afirmativo”, agregó Sosa.
 
En la normativa, el Ministerio de Educación de la Provincia, a través del Consejo Federal, es el encargado de establecer las reglas para prevenir la conflictividad en las escuelas, principalmente el bullying, buscando fomentar, de esta manera, la creación de equipos especializados, y la fijación de sanciones para los alumnos.
 
El texto publicado apunta a que el accionar ante los casos de maltrato, sea educativo, gradual y progresivo, tomando como medida extrema la expulsión. Ante esos casos, las autoridades de la escuela tendrán que buscarle otro establecimiento donde estudiar, para que quede garantizado su derecho a la educación. En todos los casos, se buscará resaltar uno de los puntos de la ley nacional, donde se considera el contexto en el que se da la transgresión para evitar la estigmatización de los alumnos involucrados. La legislación apunta a explicar los comportamientos violentos, como producto de la trama de relaciones que se dan en un contexto determinado, atendiéndose a los alumnos involucrados y encontrando el motivo de la agresión.
 
Protocolos
 
La integrante del Consejo de Prevención de la Violencia, Nora Romero, dijo a UNO que actualmente se aplican una serie de protocolos, que son únicos en el país, a partir de los cuales se abordan los casos de violencia escolar, de igual manera destacó que cada hecho requiere de un análisis particular y la necesidad de estar atentos permanentemente. La funcionaria del CGE opinó que un marco legal, colaboraría para unificar criterios de actuación, ya que la problemática involucra a distintas áreas, porque “la escuela no puede sola”. Asimismo dijo que “toda situación vinculada a la violencia hay que verla desde muchas dimensiones, y que es un tema que hay que debatirlo con profundidad, fuera y dentro de las escuelas”.