La educación en la Constituyente de 1994
Martes 19 de
Agosto 2014
Por Adriana Puiggrós. Especialista en temas educativos, la diputada recuerda que el tema había sido excluido en el Pacto de Olivos, y cuenta los bemoles de su inclusión final.
La Convención Nacional Constituyente de 1994 introdujo en la Carta Magna derechos humanos y sociales que son la condición de sobrevivencia de una Nación civilizada. Sin embargo, aquí me referiré solamente a la manera como se inscribió de la educación en cuya discusión se manifestaron ambigüedades y antagonismos profundos de la sociedad argentina.
En primer lugar, en el Pacto de Olivos la educación había sido excluida entre los temas a tratarse. Los convencionales del Frente Grande, junto a sus aliados de la Unidad Socialista y un pequeño grupo de sindicalistas docentes radicales conseguimos que Raúl Alfonsín y Chacho Alvarez intervinieran a favor del tratamiento del tema. Educación fue incluido, pero en el temario de la Comisión de Coparticipación Federal, un espacio donde se jugaba más fuertemente el concepto de Nación y las atribuciones provinciales.
La inclusión de la discusión sobre educación en ese marco se debió a la decisión del menemismo -con la asesoría de los representantes del Banco Mundial allí presentes- de destruir el sistema de educación pública nacional y avanzar hacia la privatización, operación que había comenzado con el dictado de la Ley de transferencia un año antes. En la Constituyente los criterios opuestos sobre la educación se condensaron en dos discusiones: la diferencia entre la igualdad y la equidad y los alcances y límites de la autonomía y la autarquía universitarias. El FG (Mary Sánchez y la que suscribe) y el socialismo (Alfredo Bravo) elaboramos un texto (del cual desertó la UCR en la sesión donde se consideró el tema, uniéndose al menemismo) en el cual se garantizaba la igualdad de la educación y la autonomía y tomábamos recaudos ante el magma neoliberal previniendo la subordinación de las universidades al mercado. En cuanto a la igualdad/equidad mucho ha costado restablecer la igualdad del derecho a la educación, pues la equidad establecida en su lugar en la Constitución de 1994 fue la justificación discursiva de la desigualdad.
Nuestra propuesta fue derrotada en aquella oportunidad, pero los gobiernos kirchneristas avanzaron con políticas inclusivas que son coincidentes con aquella posición. Urge completar su sustento legal.
Puiggrós fue Convencional Constituyente y hoy es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires
En primer lugar, en el Pacto de Olivos la educación había sido excluida entre los temas a tratarse. Los convencionales del Frente Grande, junto a sus aliados de la Unidad Socialista y un pequeño grupo de sindicalistas docentes radicales conseguimos que Raúl Alfonsín y Chacho Alvarez intervinieran a favor del tratamiento del tema. Educación fue incluido, pero en el temario de la Comisión de Coparticipación Federal, un espacio donde se jugaba más fuertemente el concepto de Nación y las atribuciones provinciales.
La inclusión de la discusión sobre educación en ese marco se debió a la decisión del menemismo -con la asesoría de los representantes del Banco Mundial allí presentes- de destruir el sistema de educación pública nacional y avanzar hacia la privatización, operación que había comenzado con el dictado de la Ley de transferencia un año antes. En la Constituyente los criterios opuestos sobre la educación se condensaron en dos discusiones: la diferencia entre la igualdad y la equidad y los alcances y límites de la autonomía y la autarquía universitarias. El FG (Mary Sánchez y la que suscribe) y el socialismo (Alfredo Bravo) elaboramos un texto (del cual desertó la UCR en la sesión donde se consideró el tema, uniéndose al menemismo) en el cual se garantizaba la igualdad de la educación y la autonomía y tomábamos recaudos ante el magma neoliberal previniendo la subordinación de las universidades al mercado. En cuanto a la igualdad/equidad mucho ha costado restablecer la igualdad del derecho a la educación, pues la equidad establecida en su lugar en la Constitución de 1994 fue la justificación discursiva de la desigualdad.
Nuestra propuesta fue derrotada en aquella oportunidad, pero los gobiernos kirchneristas avanzaron con políticas inclusivas que son coincidentes con aquella posición. Urge completar su sustento legal.
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