El secretario de políticas educativas de la CGT, Sergio Romero, presentó ante sus colegas un informe con duros cuestionamientos al Gobierno por no cumplir con diferentes acuerdos, desde salariales hasta metas educativas. Lo leyó en voz alta ante sus colegas y le entregó una copia a Antonio Caló, el jefe de la central oficialista.
 
El documento, que se titula "Contrasentidos", tiene nueve puntos en los que marca sus críticas. Entre lo más destacado, acusa al ministro del área, Alberto Sileoni, de excluir a los gremios del Consejo Federal de Educación y de no cumplir con el acta paritaria de este año, en la que se comprometió a elaborar un convenio colectivo para los docentes.
 
También hay reclamos salariales, como que el 1°de enero de 2015 el sueldo básico del docente será menor al salario mínimo, vital y móvil, que por entonces alcanzará los $ 4716. Y un pedido que se comparte en otros sectores públicos: "Igual remuneración, por igual tarea". Además, se pidió mayor estabilidad laboral.
 
En lo netamente educativo, Romero apuntó sus críticas a la falta de criterios comunes.

"Conviven en el país un sinfín de normas diferentes en cuanto a carga horaria, incompatibilidad horaria y de cargos, funciones docentes, regímenes de licencias, cantidad de alumnos por aula", escribió en el documento. Y ejemplificó: "En algunas jurisdicciones el primario y secundario es de seis años cada uno, mientras que en otras es de siete y cinco. Esto es un claro resabio de la década de los 90". Y añade otra preocupación: hay unos 600.000 analfabetos.
 
Romero, a través de la CGT y de su gremio, la Unión Docentes Argentinos (UDA), exigió un aumento del presupuesto para la educación. Propuso elevar del actual 6% del PBI a un 8,5% y sugirió dividirlo en dos: una caja que subvencione a la educación pública (La Nación hace referencia a los niveles incial, primario y secundario) y otra para el nivel universitario. Hizo también el pedido de manera formal en el Congreso.
 
Del informe de UDA salió un dato preocupante. El 73% de 8800 docentes consultados en 16 provincias diferentes admitió ser testigo de un hecho violento en la escuela. Y el 94% dijo que las causas serían externas al ámbito escolar. "El ministerio abordó tímidamente el tema brindando una guía que ni siquiera se distribuyó en todas las escuelas", sostuvo Romero a LA NACION.

Nota original del Diario La Nación aquí.