La deducción del ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, al atribuir al “crecimiento económico de las familias” y a “decisiones ideológicas o confesionales” la migración de alumnos de la escuela primaria pública al ámbito privado, ronda lo insólito y hasta genera rechazo de parte de quienes advierten la liviandad con que la máxima autoridad en el ámbito educativo toma los problemas que afectan a uno de los derechos básicos de los argentinos.
 
Sileoni no es un improvisado en el ámbito de la política y de la educación. Licenciado en historia, fue director de Servicios de Educación de Adultos en la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de Educación de la Nación, director de Educación Secundaria, viceministro de Educación de la Nación y ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, entre otros cargos, antes de asumir su mandato actual. En ese marco, no puede aceptarse que sostenga que el crecimiento de la escuela privada “es un fenómeno americano, internacional pero americano”, destacando que “en ese esquema, la Argentina va por debajo de la media”.
La realidad marca que el funcionario no hizo más que mantener una línea marcada por sus pares a nivel nacional. Sólo cabría recordar que para el Gobierno no hay inseguridad, sino “sensación” de inseguridad “porque un mismo hecho es reiterado por los medios hegemónicos”, según advirtió la Presidenta, hasta que la situación llegó a un nivel de gravedad tal que modificó los planteos, como sucede con las recientes declaraciones de Sergio Berni.
 
Desde el Ejecutivo se llegó a calificar hasta de “destituyentes” y de “anti argentinos” a quienes consideraban que había que acordar con los fondos buitres, pero ahora están adelantando que se les pagaría a partir de enero; la culpa de la inflación no la tiene la emisión descontrolada, sino los formadores de precios, aun a pesar de asegurar que los denominados “precios cuidados” han dado excelentes resultados, entre otras decenas de ejemplos.
 
Ahora es la cartera de Educación la que sufre las consecuencias de las cifras y que determinan que la última década no fue tan “ganada” como intentan hacer ver desde el Gobierno. De acuerdo con los datos surgidos desde el propio ministerio, en los últimos diez años fueron 300 mil los chicos que se fueron de la escuela pública para sumarse al ámbito privado.
 
Frente a ese panorama, el ministro, en lugar de hacer una autocrítica, se volcó por la salida facilista al asegurar que el fenómeno responde al mejoramiento del poder adquisitivo de las familias, cuando sabe -o al menos debería saber- que muchos padres dejan a veces de lado algunas necesidades básicas en su afán de mejorar la calidad de la educación de sus chicos.
 
Tiene razón Sileoni al señalar que tanto los colegios privados como los públicos cuentan con los mismos contenidos a cumplir a lo largo del año, pero lo que no dice es que los colegios privados, en su gran mayoría, los cumplen y que no ocurre lo mismo con los del Estado.
 
No dice Sileoni que la disciplina, un aspecto fundamental en la educación, se mantiene en los privados pero se diluye absolutamente en el Estado, en el afán del Gobierno por mantener una política de inclusión del alumno por sobre la calidad educativa o que la cantidad de días sin clases por falta de docentes en la escuela privada es ínfima frente a la impresionante de los colegios estatales.
 
De nada valdrá incrementar el presupuesto en educación o la entrega de computadoras para los chicos si se mantiene a funcionarios que, en su afán de no aceptar los errores tampoco realizan la necesaria autocrítica para poder corregirlos.