Corrientes
Las cámaras de seguridad en las escuelas pueden afectar a la actividad docente
Sábado 14 de
Febrero 2015
Especialistas advierten que los dispositivos en las aulas podrían ser usados para el control ideológico de los educadores.
Desde áreas de la ciencia jurídica especializada en Derechos Humanos, adviertieron que la disposición de cámaras en las escuelas públicas podría afectar la actividad de los docentes, como también derechos individuales de alumnos.
Según el punto de vista del doctor Ramón Leguizamón, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, antes de poner en marcha la medida de vigilancia en instituciones educativas se debería analizar una serie de temas para evitar la afección de los derechos de educadores y alumnos.
En este contexto, consideró que el Estado podría utilizar mecanismos de vigilancia para resguardar los bienes de las instituciones escolares, pero en la medida que también se respete la intimidad de las personas y las condiciones laborales de los docentes.
El análisis del jurista es que “si las cámaras están puestas en las aulas, sería sensato considerar que podrían servir como elemento de control ideológico hacia los docentes”.
En ese sentido, advirtió que existe la alternativa de utilizar “cámaras mudas” con el fin de observar sólo los movimientos. Éstas imposibilitarían condicionar la emisión de los mensajes desde los profesores hacia los jóvenes, pero también advirtió que “se debe determinar como primera medida cuál es el ámbito en el que se aplicará el sistema. Es necesario establecer si las aulas son de ámbito público o de ámbito privado en las escuelas”.
Aún cuando aclaró que “este análisis lo debe hacer un juez”, consideró que de ser de ámbito público estaría habilitada la aplicación del sistema, de lo contrario sería anticonstitucional.
Pero distinto sería el criterio ante la instalación de los dispositivos en los patios: “La disposición de estas cámaras en espacios comunes de entretenimiento podrían ser válidos como modo de prevención”.
En este contexto habilitó la posibilidad de que se solicite el apoyo de personal policial en esos lugares como modo preventivo.
Por otra parte, consideró importante conocer cómo serán utilizados los registros obtenidos a fin de establecer el resguardo de las prerrogativas de las personas filmadas.
EL GOBIERNO PRETENDE PONER EN MARCHA EL DISPOSITIVO EN OCHO ESCUELAS DESDE EL COMIENZO DE LAS CLASES.
“La disposición de estas cámaras en espacios comunes de entretenimiento podrían ser válidos”.
Docentes desinformados
Desde la Central de Trabajadores Argentinos advirtieron que la vigilancia electrónica en colegios públicos fue realizada en forma unilateral y que el Gobierno evita brindar información respecto a cómo será utilizado el sistema. El titular de la organización obrera, Gerardo Marturet, consideró que la puesta en funcionamiento de equipos de filmación en instituciones escolares podría abrir la puerta a acciones judiciales.
Dieron a una empresa el manejo de imágenes y proponen usar la tecnología como medida preventiva.
Fuentes oficiales informaron que las imágenes obtenidas en las escuelas públicas de la Capital serán administradas por una empresa privada, cuya razón social se desconoce a días de poner en funcionamiento el controvertido sistema de vigilancia.
Esta firma cuenta con el aval del Gobierno para disponer del material obtenido en las instalaciones estatales, ya que “las imágenes estarán grabadas, se podrán revisar y enviar”, según indicó Carlos Encinas, director de Sistemas e Informática del Ministerio de Educación de la Provincia.
El funcionario explicó que “el centro de monitoreo estará en las dependencias de la empresa”.
Las personas que presten servicios allí también serán empleados de esa firma y “estarán dispuestas las 24 horas para ver los movimientos”.
Explicó que ante acontecimientos llamativos, “la empresa se comunicará con quien corresponda, y si se trata de un hecho delictivo se comunicará con la Policía y con las autoridades, porque existe un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad”.s
El experimentado abogado Ramón Leguizamón, consideró que el registro de imágenes es un método que ayuda a resolver hechos delictivos, y que puede ser utilizado con precauciones a fin de evitar afecciones a los derechos de las personas.
Así, aseguró que “las cámaras puestas en el exterior de las escuelas facilitarían la observación del lugar en forma preventiva”.
Esto posibilitaría evitar robos en los edificios hasta identificar a los supuestos delincuentes.
Desde su punto de vista, esta vigilancia estaría habilitada por el resguardo de la “seguridad pública”, por lo que consideró que los sistemas electrónicos puestos fuera de la escuela “están bien como medida preventiva de robos y hasta secuestros”.s
LOS REGISTROS ESTARÁN ADMINISTRADOS POR PRIVADO.
Las imágenes estarán grabadas y se podrán revisar y enviar, según indicó Carlos Encinas, director de Sistemas.
Referentes de gremios docentes advirtieron que la filmación de actividades en las escuelas podría replicar el problema ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al advertirse que las videocámaras propiciaban violaciones a los derechos de los alumnos. Los educadores recordaron que en 2011, el Gobierno porteño dispuso vigilancia electrónica en establecimientos escolares, lo que dio lugar a presentaciones judiciales de cuatro padres de alumnas, como de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el Observatorio de Derechos Humanos.
En esa oportunidad, la jueza Elena Liberatori suspendió el sistema debido a que “al no haberse establecido límite alguno para el funcionamiento de los dispositivos de filmación, se genera una afectación irrazonable del derecho de intimidad”.
Con información de
nortecorrientes
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