Corrientes

Las cámaras de seguridad en las escuelas pueden afectar a la actividad docente

Sábado 14 de Febrero 2015

Especialistas advierten que los dis­positivos en las aulas podrían ser usados para el control ideológico de los educadores.
 

 
Desde áreas de la cien­cia jurídica especializada en Derechos Humanos, adviertieron que la dispo­sición de cámaras en las escuelas públicas podría afectar la actividad de los docentes, como también derechos individuales de alumnos.
 
Según el punto de vista del doctor Ramón Leguiza­món, integrante de la Co­misión de Derechos Huma­nos de Corrientes, antes de poner en marcha la medida de vigilancia en institucio­nes educativas se debería analizar una serie de temas para evitar la afección de los derechos de educadores y alumnos.
 
En este contexto, consi­deró que el Estado podría utilizar mecanismos de vi­gilancia para resguardar los bienes de las instituciones escolares, pero en la medi­da que también se respete la intimidad de las perso­nas y las condiciones labo­rales de los docentes.
 
El análisis del jurista es que “si las cámaras están puestas en las aulas, sería sensato considerar que po­drían servir como elemen­to de control ideológico hacia los docentes”.
 
En ese sentido, advirtió que existe la alternativa de utilizar “cámaras mudas” con el fin de observar sólo los movimientos. Éstas imposibilitarían condicionar la emisión de los mensajes desde los profesores hacia los jóve­nes, pero también advir­tió que “se debe determi­nar como primera medi­da cuál es el ámbito en el que se aplicará el sistema. Es necesario establecer si las aulas son de ámbito pú­blico o de ámbito privado en las escuelas”.
 
Aún cuando aclaró que “este análisis lo debe hacer un juez”, consideró que de ser de ámbito público esta­ría habilitada la aplicación del sistema, de lo contrario sería anticonstitucional.
 
Pero distinto sería el cri­terio ante la instalación de los dispositivos en los pa­tios: “La disposición de es­tas cámaras en espacios co­munes de entretenimiento podrían ser válidos como modo de prevención”.
 
En este contexto habili­tó la posibilidad de que se solicite el apoyo de perso­nal policial en esos lugares como modo preventivo.
 
Por otra parte, consideró importante conocer cómo serán utilizados los regis­tros obtenidos a fin de es­tablecer el resguardo de las prerrogativas de las perso­nas filmadas.
 
EL GOBIERNO PRETENDE PONER EN MARCHA EL DISPOSITIVO EN OCHO ESCUELAS DESDE EL COMIENZO DE LAS CLASES.
 
“La disposición de estas cámaras en espacios comunes de entrete­nimiento podrían ser válidos”.
 
Docentes desinformados 
 
Desde la Central de Trabajadores Argentinos advir­tieron que la vigilancia electrónica en colegios públicos fue realizada en forma unilateral y que el Gobierno evi­ta brindar información respecto a cómo será utilizado el sistema. El titular de la organización obrera, Gerardo Marturet, consideró que la puesta en funcionamiento de equipos de filmación en instituciones escolares podría abrir la puerta a acciones judiciales.
 
Dieron a una empresa el manejo de imágenes y proponen usar la tecnología como medida preventiva.
 
Fuentes oficiales infor­maron que las imágenes obtenidas en las escuelas públicas de la Capital serán administradas por una em­presa privada, cuya razón social se desconoce a días de poner en funcionamiento el controvertido sistema de vi­gilancia.
 
Esta firma cuenta con el aval del Gobierno para dis­poner del material obtenido en las instalaciones esta­tales, ya que “las imágenes estarán grabadas, se podrán revisar y enviar”, según indi­có Carlos Encinas, director de Sistemas e Informática del Ministerio de Educación de la Provincia.
 
El funcionario explicó que “el centro de monitoreo estará en las dependen­cias de la empresa”.
 
Las personas que pres­ten servicios allí también serán empleados de esa firma y “estarán dispues­tas las 24 horas para ver los movimientos”.
 
Explicó que ante acon­tecimientos llamativos, “la empresa se comunicará con quien corresponda, y si se trata de un hecho delictivo se comunicará con la Policía y con las autoridades, por­que existe un trabajo coor­dinado con el Ministerio de Seguridad”.s
 
El experimentado abogado Ramón Leguizamón, con­sideró que el registro de imágenes es un método que ayuda a resolver hechos delictivos, y que puede ser uti­lizado con precauciones a fin de evitar afecciones a los derechos de las personas.
 
Así, aseguró que “las cámaras puestas en el exterior de las escuelas facilitarían la observación del lugar en forma preventiva”.
 
Esto posibilitaría evitar robos en los edificios hasta identificar a los supuestos delincuentes.
 
Desde su punto de vista, esta vigilancia estaría ha­bilitada por el resguardo de la “seguridad pública”, por lo que consideró que los sistemas electrónicos puestos fuera de la escuela “están bien como medida preventiva de robos y hasta secuestros”.s
 
LOS REGISTROS ESTARÁN ADMINISTRADOS POR PRIVADO.
 
Las imágenes estarán gra­badas y se podrán revisar y enviar, según indicó Carlos Encinas, director de Sistemas.
 
Referentes de gremios docentes advirtieron que la filmación de actividades en las escuelas podría replicar el problema ocurrido en la Ciudad Autónoma de Bue­nos Aires, al advertirse que las videocámaras propicia­ban violaciones a los dere­chos de los alumnos. Los educadores recordaron que en 2011, el Gobierno porte­ño dispuso vigilancia elec­trónica en establecimientos escolares, lo que dio lugar a presentaciones judiciales de cuatro padres de alum­nas, como de la Unión de Trabajadores de la Educa­ción (UTE) y el Observato­rio de Derechos Humanos.
 
En esa oportunidad, la jueza Elena Liberatori sus­pendió el sistema debido a que “al no haberse esta­blecido límite alguno para el funcionamiento de los dispositivos de filmación, se genera una afectación irrazonable del derecho de intimidad”.
Con información de nortecorrientes

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