LA UNLP ENMENDARA LOS EXPEDIENTES DE ALUMNOS Y DOCENTES DESAPARECIDOS
La reparación en los legajos
Martes 24 de
Marzo 2015
Entre otras iniciativas para indagar el impacto del terrorismo de Estado en la comunidad académica, la Universidad Nacional de La Plata incorporará la condición de desaparecido o asesinado en la documentación de más de 700 estudiantes, profesores y no docentes.
La Universidad Nacional de La Plata lanzó, en el marco del recién instaurado Mes de la Memoria, una serie de propuestas para avanzar desde “la vida democrática presente” y no “en clave conmemorativa” en la indagación de la represión estatal y su impacto en la comunidad universitaria. Entre las iniciativas se destacan dos resoluciones: una, orientada a preservar la información con valor testimonial, y otra, que apunta a la “reparación documental”, a revisar más de 700 legajos de estudiantes, docentes y no docentes y reconocer con la condición de detenido-desaparecido o asesinado a quienes fueron víctimas de la dictadura. “Para las universidades grandes, históricas, que fueron tan vaciadas por el terrorismo de Estado, esto es un paso importantísimo”, dijo a Página/12 la directora de Derechos Humanos de la UNLP, Verónica Cruz.
Las autoridades de la universidad ubicaron entre 1955 y 1986 “el período de mayor represión a las organizaciones de los trabajadores y de mayor impacto del terrorismo de Estado en las universidades nacionales” y vieron la necesidad de preservar una documentación que permaneció dispersa durante décadas y que hoy, a la luz de políticas nacionales de reparación histórica y de los juicios por delitos de lesa humanidad, adquieren un nuevo valor.
“Una parte de esa documentación está en poder del Archivo Histórico de la Universidad, que también es de reciente creación, de 2013, y depende de la Secretaría de Arte y Cultura. Ese archivo conserva el patrimonio cultural de toda la historia de la universidad desde 1900, cuando se creó. A nosotros nos interesa sobre ese cúmulo de información hacer un recorte y poder dar visibilidad a toda la información que tenga valor testimonial”, explicó Verónica Cruz. La apuesta es, en un futuro próximo, poder hacer entrega de la documentación a familiares de víctimas del terrorismo de Estado y abrir el archivo a la sociedad.
Una segunda resolución se relaciona con la “reparación documental” sobre los legajos de los más de 700 detenidos desaparecidos o asesinados que formaban parte de la comunidad universitaria de la UNLP. “En sus legajos no figuran los reales motivos por los cuales los estudiantes, docentes y no docentes de la universidad debieron dejar su actividad, su trabajo, su cargo; y hasta hay situaciones de muerte que figuran como fallecimientos cuando en realidad fueron asesinatos claramente demostrados por la Justicia”, precisó Cruz y recordó el caso de dos empleados administrativos, Rodolfo Achem y Carlos Miguel, secuestrados y asesinados por la Triple A en 1974. El año pasado, al cumplirse 40 años de su desaparición, los familiares recibieron una copia digital de sus legajos donde no se encuentran claramente explicitados los motivos de su cese de actividad, y las autoridades de la UNLP quieren indagar ahora si hay otros miembros de esa casa de estudios en la misma situación y corregir la documentación en los casos que corresponda, admitiendo las categorías de detenido-desaparecido y asesinado.
“Sabemos también que la conformación de los legajos tiene algunos aspectos administrativos que fueron desmembrados del propio cuerpo del legajo y, en términos de investigación histórica, tiene un valor sustantivo saber quién tomaba la decisión, quién firmaba la resolución, en qué tono discursivo, con qué contenido”, continuó Cruz, quien pese a saber que se enfrentan a un arduo trabajo, donde se toparán con documentación difusa e incluso extraviada, señaló que la tarea emprendida “es una deuda de la universidad pública con la sociedad”.
Cruz destacó el protagonismo que ha adquirido la UNLP a partir de la puesta en marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que comenzaron a requerir información sobre miembros de la comunidad universitaria. “En el juicio de (el centro clandestino de detención) La Cacha, que se cerró el año pasado, había una cantidad importante de compañeros involucrados y declaró la actual vicepresidenta de la universidad, la profesora Ana María Barletta, como testigo de contexto”, señaló y agregó que próximamente comenzarán juicios que posiblemente vuelvan a llamar a escena a la UNLP. “Van a venir los juicios del Grupo de Tareas número 5 y tenemos, además, dos facultades, las de Humanidades y de Psicología, que están actualmente radicadas en lo que era el predio del ex Batallón de Infantería de Marina Nº 3. Suponemos que ahí también vamos a ser demandados con testimonios y con datos que nos interpelan y que nos convocan a asumir esta responsabilidad”.
Las autoridades de la universidad ubicaron entre 1955 y 1986 “el período de mayor represión a las organizaciones de los trabajadores y de mayor impacto del terrorismo de Estado en las universidades nacionales” y vieron la necesidad de preservar una documentación que permaneció dispersa durante décadas y que hoy, a la luz de políticas nacionales de reparación histórica y de los juicios por delitos de lesa humanidad, adquieren un nuevo valor.
“Una parte de esa documentación está en poder del Archivo Histórico de la Universidad, que también es de reciente creación, de 2013, y depende de la Secretaría de Arte y Cultura. Ese archivo conserva el patrimonio cultural de toda la historia de la universidad desde 1900, cuando se creó. A nosotros nos interesa sobre ese cúmulo de información hacer un recorte y poder dar visibilidad a toda la información que tenga valor testimonial”, explicó Verónica Cruz. La apuesta es, en un futuro próximo, poder hacer entrega de la documentación a familiares de víctimas del terrorismo de Estado y abrir el archivo a la sociedad.
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“Sabemos también que la conformación de los legajos tiene algunos aspectos administrativos que fueron desmembrados del propio cuerpo del legajo y, en términos de investigación histórica, tiene un valor sustantivo saber quién tomaba la decisión, quién firmaba la resolución, en qué tono discursivo, con qué contenido”, continuó Cruz, quien pese a saber que se enfrentan a un arduo trabajo, donde se toparán con documentación difusa e incluso extraviada, señaló que la tarea emprendida “es una deuda de la universidad pública con la sociedad”.
Cruz destacó el protagonismo que ha adquirido la UNLP a partir de la puesta en marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que comenzaron a requerir información sobre miembros de la comunidad universitaria. “En el juicio de (el centro clandestino de detención) La Cacha, que se cerró el año pasado, había una cantidad importante de compañeros involucrados y declaró la actual vicepresidenta de la universidad, la profesora Ana María Barletta, como testigo de contexto”, señaló y agregó que próximamente comenzarán juicios que posiblemente vuelvan a llamar a escena a la UNLP. “Van a venir los juicios del Grupo de Tareas número 5 y tenemos, además, dos facultades, las de Humanidades y de Psicología, que están actualmente radicadas en lo que era el predio del ex Batallón de Infantería de Marina Nº 3. Suponemos que ahí también vamos a ser demandados con testimonios y con datos que nos interpelan y que nos convocan a asumir esta responsabilidad”.
Con información de
Página 12
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