En ese sentido desde la UDA indicaron que “en caso de que el Gobierno no cumpla con lo dictaminado, las autoridades se encontrarían incursas en la figura de desobediencia judicial prevista por el artículo 239 del Código Penal, por lo cual la organización gremial estaría en condiciones de llevar a cabo las acciones legales pertinentes en el ámbito Penal”.
 
A su vez, remarcaron que “no existen elementos en el contenido de la sentencia de la jueza Dora Eva Temis  que permitan dar lugar a la recusación planteada por el Estado empleador, por lo cual desde la perspectiva de nuestra entidad se estaría afectando el principio de independencia del Poder Judicial que, por otra parte, brinda una garantía de control de los actos del Poder Ejecutivo según marca la Constitución Nacional”.
 
La paritaria nacional constituye no solo un derecho de los trabajadores, sino un ámbito de diálogo social que cumple acabadamente su objetivo lo que así se demostró en los últimos diez años.
 
Constituye una extrema gravedad institucional desconocer un derecho de raigambre constitucional, además de un avance autoritario sobre el derecho del trabajo, la independencia de la justicia y sobre la paz social garantizada por el diálogo.