El viernes pasado los directivos de la ONG Educar 2050 lanzaron en la Biblioteca Nacional  el programa “Muy bien diez”, acompañados por el subsecretario de Educación del Ministerio de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, además del Comité Estratégico Adepa, Grupo Clarín, La Nación, Banco Santander Río y Enseñá por Argentina, otra ONG.  El proyecto en cuestión, según la definición de la página web, aspira “elevar la calidad educativa” a través del fortalecimiento de las habilidades de liderazgo y la incorporación de nuevas estrategias pedagógicas en el área, aunque no incluye mediciones ni propuestas ministeriales para diagnosticar el estado de situación.
 
Pero éste no es el primer convenio que el gobierno provincial firma con este tipo de organizaciones porque ya a través de la Resolución 63/16 habilitó a la Asociación Conciencia, otra ONG, a que intervenga dentro de las aulas, como también lo hizo con la fundación Enseñá por Argentina en otro acuerdo. “Es parte de una transferencia de responsabilidades del gobierno a organizaciones. Es un Estado que traspasa sus obligaciones en tanto garante del Derecho Social a la Educación”, denunció a Página/12 Silvia Almazán, secretaria de Cultura y Educación de Suteba, y sintetizó: “La fundación empieza a conducir la política educativa de la provincia”.
 
En la primera fase de implementación, el programa “Muy bien diez” de Educar 2050 convocó, con el aval del Ministerio de Educación provincial, a 10 escuelas secundarias de cuatro distritos de la Provincia de Buenos Aires (Lanus, Tigre, Cañuelas y Pilar). Según la Dirección Estadística Bonaerense las escuelas secundarias provinciales ascienden a casi 4000.
 
La iniciativa se fundará en cuatro ejes de acción: “fortalecimiento del rol de los directores y las capacidades de los docentes”, “uso de información para la gestión estratégica de cada escuela”, “incorporación de nuevas estrategias pedagógicas y tecnológicas en el aula y “trabajo en red entre escuelas”. Se calcula que en un principio abarcará a unos 1200 alumnos, a los que se capacitará en Lengua, Matemática y Liderazgo, y que después se podría llegar a trasladar a todas los establecimientos de la provincia.
 
“Formamos parte de esta iniciativa junto con empresarios y medios de comunicación que entienden la necesidad de buscar vías posibles de modernización de sistemas educativos que puedan garantizar una verdadera inclusión de los jóvenes en las escuelas y en el conocimiento”, señalan en su página web, en la que aparecen como “aliados” de la organización empresas como Telefónica, Mastercard y Ledesma.
 
“Este es un gobierno que atiende más la educación privada que la pública, entonces esta más cerca de los CEOS que de los trabajadores. Les resulta más fácil relacionarse con el empresariado y no con la fortaleza que tiene el Estado para cambiar la educación”, manifestó a Página/12 Sergio Romero, secretario general de UDA, quien agregó que la aparición de estos nuevos actores se entiende “dentro de un plan privatista favorecido por parte del Estado”.
 
Sin ir más lejos, fue el propio subsecretario del ministerio, Siciliano, quien dijo en el lanzamiento que se trata de “una gran iniciativa donde la sociedad civil y los empresarios están todos juntos trabajando por la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires”.
 
Para Romero, el problema principal es que este tipo de programas deberían debatirse en la paritaria nacional docente que el gobierno se niega a convocar y, por eso, se trata de una “medida unilateral que no contempla la participación de los maestros”.
 
Siempre existieron convenios que implicaban la provisión de materiales educativos o de donaciones de equipamientos que desarrollaban acciones con una función social solidaria, pero para los gremios ahora se está interviniendo en los planes e incidiendo en la perspectiva y en la mirada con la que se tratarán ciertos temas en el aula. “Otra cosa es que el Estado sea el promotor y firmante de estos convenios, que incluyen la participación en los procesos de supervisión y formación de proyectos educativos.  Están asumiendo funciones de inspectores”, comentó Almazán.
 
Por último, Romero destacó que los docentes están a favor de que se revean las prácticas pedagógicas desde el Estado y con previa consulta a los gremios, pero consideró que antes que todo “se tiene que anteponer la realidad”. “Hay que mejorar salarios, las condiciones edilicias de la escuela y el tema de la violencia escolar”, añadió.